El pasado 12 de marzo, el Congreso de la República aprobó importantes cambios en la legislación que regula la supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, el pleno respaldó el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, el cual modifica la Ley 27692, también conocida como la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
- Te podría interesar: Pedro Castillo sufre descompensación durante protesta en penal de Barbadillo
Fortalecimiento del rol de la APCI
El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer el trabajo de la APCI y garantizar una mayor transparencia en la ejecución de los recursos que reciben las entidades vinculadas a la cooperación técnica internacional. Según el documento aprobado, la APCI asumirá un papel más activo en la organización, programación, ejecución y supervisión de la Cooperación Internacional No Reembolsable, proveniente tanto de fuentes públicas como privadas externas.
Además, se establece que las ONG y otras entidades involucradas en la gestión de estos recursos tendrán la obligación de inscribirse en un registro público e informativo administrado por la APCI. Este registro incluirá detalles sobre los planes, proyectos, programas, actividades y la ejecución del gasto realizado con fondos internacionales.
Nuevas competencias para la Sunat y el Estado
Otra propuesta clave del dictamen es la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evalúe la creación de una unidad especializada dentro de su estructura interna. Esta unidad estaría encargada de implementar y hacer efectivas las disposiciones establecidas en el marco de sus competencias.
Por otro lado, se plantea que todos los contratos, actos jurídicos o administrativos celebrados entre el Estado y las organizaciones que gestionan la cooperación técnica internacional requieran la conformidad previa de la APCI. Esta medida busca asegurar que dichos acuerdos se ajusten a la normativa vigente y contribuyan al desarrollo sostenible del país.
La propuesta fue exonerada de segunda votación con un amplio respaldo de 82 congresistas, mientras que 15 votaron en contra y 4 se abstuvieron. Este apoyo mayoritario refleja la importancia de fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de recursos internacionales en beneficio del Perú.
