El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos plantea una reforma profunda del sistema penitenciario peruano, con cambios en la rehabilitación de internos, la seguridad en los penales y la legislación penal. El titular del sector, Ernesto Álvarez, informó que un grupo de trabajo revisa las leyes aprobadas por el anterior Congreso y que se evalúa incorporar personal especializado en inteligencia al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las propuestas fueron expuestas ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Ministerio de Justicia revisará las leyes penales
Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el ministro Ernesto Álvarez explicó que el sector impulsa una revisión de las normas penales y del sistema penitenciario.
«Una de las pretensiones del Ministerio (de Justicia), en el cual me encuentro colaborando con el país, es tratar de impulsar reformas lo más profunda que se pueda, sin que eso signifique tinte político o ideológico alguno», afirmó.
El ministro señaló que el grupo de trabajo sectorial encargado de revisar las leyes en materia penal tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar un informe sobre las modificaciones necesarias. Según indicó, al momento de su presentación todavía restaban aproximadamente 20 días útiles para entregar el documento.
Álvarez añadió que, si el Congreso de la República otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de justicia, se contempla la conformación de comités técnicos para revisar los decretos legislativos y evitar criterios políticos o ideológicos en su elaboración.
Rehabilitación de internos es uno de los cambios pendientes
El titular de Justicia sostuvo que uno de los aspectos que aún requiere desarrollo en el sistema penitenciario es la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
En ese contexto, mencionó las denominadas «cárceles productivas», iniciativas que consideró necesario potenciar para contribuir a la formación y reinserción de los internos.
Álvarez cuestionó que, en algunos casos, una persona sea considerada rehabilitada al cumplir su condena, pese a que posteriormente pueda reincidir. También señaló que las normas permiten la eliminación de antecedentes penales en determinadas circunstancias.
«No desconocemos que todo este trance, desde la detención y la investigación hasta la rehabilitación, tiene tintes políticos que han dañando la decisión del Estado de reformar todos estos temas. Unos y otros siempre hemos estado pensando en la parte en que nos puede dañar o en la parte en que las fallas se pueden utilizar en contra nuestra, pero al final el sistema está fallando», sostuvo.
INPE fortalecerá sus labores de inteligencia penitenciaria
Otra de las medidas planteadas por el Ministerio de Justicia consiste en fortalecer el componente de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El ministro informó que se designó como nuevo director del INPE a un oficial de las Fuerzas Armadas con experiencia en labores de seguridad e inteligencia. Según explicó, el objetivo es incorporar capacidades especializadas para mejorar la gestión de la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
«Porque el trabajo del INPE no se soluciona con tanquetas ni con fusiles; se soluciona, o se comienza a solucionar, con inteligencia llevada a cabo por expertos», sostuvo.
Asimismo, señaló que los decretos legislativos podrían contemplar la incorporación de personal civil o militar especializado en inteligencia. Estas personas desarrollarían labores estratégicas en los penales para contribuir a la separación de internos primarios y delincuentes peligrosos.
La propuesta también considera que los internos puedan aprender nuevos oficios para facilitar su reinserción social y su vinculación con sus familias.
Proponen modificaciones al Código Penal y Código Procesal Penal
Durante su intervención, Álvarez sostuvo que algunas disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal requieren modificaciones puntuales e inmediatas.
Entre los aspectos mencionados se encuentra la reducción de los tipos de audiencia existentes en los procesos judiciales. El ministro indicó que actualmente hay más de 40 modalidades de audiencia y que su revisión debe realizarse con criterios técnicos.
Para ello, planteó convocar a académicos y litigantes que analicen las normas e identifiquen los cambios necesarios para contar con códigos actualizados.
«Las facultades delegadas van a servir únicamente para establecer la modificación de algunos artículos para facilitar el fin de los procesos, en lo inmediato, pero la gran reforma la tienen que hacer ustedes, yo confío en ello, pero claro con ayuda de los profesionales», señaló.
