La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una apelación para que la sentencia por difamación agravada contra el congresista Fernando Rospigliosi sea modificada. El recurso busca que la condena deje de ser suspendida y pase a ser efectiva, además de incrementar las sanciones económicas. El caso se remonta a declaraciones públicas que motivaron una denuncia penal y una posterior resolución judicial que ahora será revisada en una instancia superior.
Apelación de sentencia por difamación agravada
El pasado 15 de abril, la jueza Norma Carbajal declaró responsable a Fernando Rospigliosi Capurro por el delito de difamación agravada, imponiéndole una pena de nueve meses de prisión suspendida, 100 días-multa y el pago de S/ 200 000 por concepto de reparación civil.
Frente a esta decisión, Delia Espinoza Valenzuela presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque la suspensión de la pena. En el documento, se sostiene que la sanción debió ubicarse en el extremo máximo del tercio inferior y que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal.
La apelación también plantea que la pena sea incrementada a un rango de entre 18 y 20 meses de prisión efectiva, lo que implicaría el internamiento del legislador en un centro penitenciario.
Solicitud de aumento de sanciones económicas
Como parte del recurso, la exfiscal también solicitó modificar las sanciones económicas impuestas en primera instancia. En ese sentido, propuso que los días-multa pasen de 100 a 201, mientras que la reparación civil se incremente de S/ 200 000 a S/ 1 000 000.
La sentencia original se basa en declaraciones en las que se calificó a la actual decana del Colegio de Abogados de Lima como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. La pena fue fijada como suspendida por un año, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, cuyo incumplimiento podría derivar en prisión efectiva.
Defensa legal de Rospigliosi será financiada por el Congreso
La Mesa Directiva del Congreso aprobó el 26 de febrero autorizar el financiamiento de la defensa legal de Fernando Rospigliosi, tras una solicitud presentada por el propio legislador.
De acuerdo con el Acuerdo 130-2025-2026/MESA-CR, este beneficio se otorga cuando los hechos materia del proceso están vinculados al ejercicio de la función parlamentaria.
Sin embargo, el acuerdo establece que, en caso de una sentencia firme que determine responsabilidad penal, el congresista deberá reembolsar los gastos asumidos por el Estado.
Desde la defensa del parlamentario se sostiene que las declaraciones cuestionadas se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, por lo que esperan una absolución en las siguientes etapas del proceso judicial.
