La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima ha iniciado una investigación preliminar contra Ana Paula Ganoza Loyola, esposa de Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP). La investigación surge tras la adquisición de un inmueble valorado en 3.3 millones de soles en el exclusivo distrito de La Molina, lo que ha despertado sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados para esta compra.
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¿Por qué se investiga la compra del inmueble?
El Ministerio Público abrió esta investigación para esclarecer el origen de los recursos utilizados por Ana Paula Ganoza en la adquisición del inmueble. Según la fiscalía, la imputada no tendría los ingresos suficientes para justificar y financiar la propiedad, lo que ha llevado a considerar la posibilidad de que los fondos provengan de actividades ilícitas.
📢 Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima abrió investigación preliminar contra Ana Paula Ganoza Loyola, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, por la adquisición de un inmueble valorizado en S/ 3.3 millones, en La Molina. pic.twitter.com/CsvUK9pCLd
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 22, 2024
Detalles de la propiedad en cuestión
El inmueble en el centro de la investigación está ubicado en la calle Bucaré 180, en Camacho, La Molina, y cuenta con una extensión de 700 metros cuadrados. Lo que hace aún más intrigante el caso es que esta propiedad perteneció anteriormente al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, y fue adquirida por Ganoza a través de una subasta pública del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La versión de Luis Valdez
Ante las crecientes especulaciones, Luis Valdez, esposo de Ganoza y figura clave en APP, declaró a la prensa que fue él quien financió la compra de la propiedad. Según Valdez, los fondos provinieron de créditos personales y bancarios, los cuales, asegura, pueden ser documentados para probar su legalidad.
Próximos pasos en la investigación
La investigación preliminar tiene como objetivo principal esclarecer la procedencia de los fondos y descartar cualquier vínculo con el delito de lavado de activos. Las autoridades se encuentran en la fase inicial de recolección de pruebas, y se espera que, en las próximas semanas, se determine si existen suficientes indicios para proceder con una acusación formal.
