Once países de América y el Caribe, incluidos Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Perú, se unieron para condenar la reciente validación de los resultados electorales en Venezuela. Estos gobiernos exigieron una auditoría independiente que garantice la voluntad popular y la transparencia del proceso.
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Rechazo categórico a la sentencia del TSJ de Venezuela
Los gobiernos firmantes expresaron su firme rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que respaldó los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el pronunciamiento conjunto, los resultados avalados carecen de sustento y credibilidad, lo que refuerza las preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.
Exigencia de una auditoría independiente e imparcial
En su declaración, los once países reiteraron que solo una auditoría imparcial e independiente, que incluya la evaluación de todas las actas, puede garantizar el respeto a la voluntad popular en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela también señaló la falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia del proceso.
Preocupación por los derechos humanos en Venezuela
Además de cuestionar la validez de los resultados electorales, los países firmantes manifestaron su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Estas preocupaciones surgen en respuesta a la represión contra ciudadanos que, de manera pacífica, han exigido el respeto al voto y el restablecimiento de la democracia en el país.
Finalmente, los gobiernos insistieron en la necesidad de respetar la expresión soberana del pueblo venezolano, subrayando la importancia de una solución democrática y transparente para la crisis política en Venezuela.
