El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, presidido por Caryslia Beatriz Rodríguez, ratificó el fraude electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, convalidando los resultados que declararon a Nicolás Maduro como ganador. Esta decisión, ampliamente criticada, refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso electoral en el país.
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TSJ de Venezuela ratificó fraude de Nicolás Maduro
El TSJ, controlado por el régimen de Maduro, se pronunció este jueves para validar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), también bajo control del chavismo. A pesar de las denuncias y pruebas presentadas por la oposición, que muestran que Edmundo González Urrutia habría superado a Maduro, el poder judicial aseguró que perseguirá a quienes publicaron estas pruebas.
Falta de transparencia en los resultados
Hasta la fecha, el CNE, único organismo autorizado para anunciar y demostrar los resultados de las elecciones, no ha hecho públicas las actas que respalden la victoria de Maduro. Sin embargo, el TSJ certificó «indiscutiblemente» los materiales electorales y validó los resultados proclamados por el CNE, nombrando a Nicolás Maduro como presidente para el período 2025-2031.
Desafío de la oposición
María Corina Machado, líder opositora, desafió abiertamente al TSJ a que convalidara el fraude electoral. A través de su cuenta en la red social X, expresó su rechazo al fallo y reiteró su llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados. La coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que su candidato, González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen y ha publicado el 83,5% de las actas para respaldar su reclamo.
La comunidad internacional en alerta
La comunidad internacional ha exigido al CNE que publique los resultados desagregados, como estaba contemplado en el cronograma electoral. Hasta ahora, el régimen de Maduro ha evitado hacerlo, aumentando la desconfianza sobre la legitimidad del proceso.
Mientras tanto, Machado ha denunciado que el régimen busca intimidar a los empleados públicos para que no se expresen tras las elecciones, lo que añade más tensión a una situación ya crítica en Venezuela.
