La pérdida del escaño por minería ilegal es el eje central de un proyecto de ley presentado por la congresista Diana Gonzales Delgado, de Avanza País. La iniciativa plantea aplicar la figura de la “silla vacía” a senadores o diputados con sentencia judicial firme por este delito, sin opción de reemplazo. La propuesta busca endurecer las sanciones políticas frente a una actividad criminal que impacta la seguridad ciudadana, el medio ambiente y la economía, en un contexto de creciente preocupación social por su influencia en el país.
Proyecto de ley amplía la figura de la “silla vacía” en el Congreso
Actualmente, la silla vacía en el Congreso se aplica únicamente cuando un parlamentario es condenado por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos vinculados a estas actividades. El proyecto de Gonzales Delgado propone incorporar la minería ilegal dentro de este mismo régimen sancionador.
Para ello, la iniciativa plantea modificar el artículo 19 del Reglamento del Congreso, aprobado mediante la Resolución Legislativa N.° 004-2025-2026-CR. Esta norma será aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores del Parlamento bicameral que se instalará en 2026. De aprobarse, un legislador condenado por minería ilegal perdería definitivamente su curul, sin posibilidad de que un accesitario asuma el cargo.
Objetivos de la iniciativa y responsabilidad de los partidos políticos
Según explicó la congresista Diana Gonzales Delgado, la propuesta tiene dos objetivos principales. El primero es incentivar a los partidos políticos a realizar una revisión más rigurosa de las hojas de vida de sus candidatos, especialmente en un escenario de retorno al sistema bicameral.
El segundo propósito es enviar un mensaje político claro sobre la gravedad de la minería ilegal como delito, resaltando sus efectos negativos en la seguridad ciudadana, el medio ambiente y la economía nacional. La iniciativa busca reforzar la idea de que quienes incurran en este tipo de actividades no deben ejercer representación política.
Impacto de la minería ilegal en el Perú y percepción ciudadana
El proyecto responde al creciente impacto de la minería ilegal en el Perú. De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre enero de 2021 y marzo de 2024 esta actividad ocasionó la deforestación de 30.846 hectáreas en la Amazonía, operando en muchos casos en asociación con organizaciones criminales en zonas de limitada presencia del Estado.
El problema se agrava con el incremento de las exportaciones de oro ilegal, que para 2025 se estima alcancen entre 105 y 115 toneladas, con un valor aproximado de hasta US$ 12.000 millones.
A ello se suma la percepción ciudadana. Un estudio de IPSOS, realizado en diciembre de 2024, reveló que tres de cada cuatro peruanos consideran que la minería ilegal representa una amenaza para la seguridad de sus familias. Además, cerca del 70 % cree que esta actividad ya influye directamente en la política nacional, mientras que el 63 % teme que las mafias vinculadas al oro ilegal puedan capturar el poder en los próximos años.
