El Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía, oficializó el aumento del salario presidencial de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. Según el Ejecutivo, esta medida se ampara en la Ley del Servicio Civil y no requiere nuevos fondos del Tesoro Público, ya que se cubrirá con el presupuesto del Despacho Presidencial.
El anuncio generó una reacción inmediata en diversos sectores políticos y sociales del país. Parlamentarios de distintas bancadas expresaron su rechazo y cuestionaron la oportunidad y legalidad del incremento.
Proyectos legislativos buscan revertir el aumento
En el Congreso se han presentado ocho proyectos de ley que proponen anular el decreto. Estas iniciativas fueron impulsadas por las bancadas Socialista, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú–Voces del Pueblo.
Los legisladores argumentan que la medida excede el tope legal de 10 Unidades Remunerativas del Sector Público, equivalente a S/ 26,000, establecido por la Ley 28212. Además, señalan que un decreto supremo no puede modificar este límite sin sustento legal válido ni aprobación del Congreso.
Parlamentarios critican falta de transparencia y legitimidad
La congresista Ruth Luque calificó el incremento como una medida inmoral y alejada del contexto de crisis económica que enfrenta la población. En declaraciones a medios, también cuestionó la transparencia del proceso.
El congresista Alfredo Pariona sostuvo que este aumento debe ser revertido y utilizado como punto de partida para una reforma ética del servicio público. Señaló que la decisión “ofende al pueblo peruano”.
Por su parte, Margot Palacios afirmó que no se puede recompensar a una funcionaria con baja aprobación, marcada por cuestionamientos a su capacidad de gestión.
Congreso cita a la presidenta para dar explicaciones
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar a la presidenta y a los ministros responsables para que expliquen el incremento salarial. Además, la comisión evalúa iniciativas legislativas que permitan derogar el decreto y revisar la gestión gubernamental.
Otros congresistas también expresaron su malestar. Arturo Alegría calificó el aumento como una «cachetada a la realidad del país», mientras que Jaime Quito lo describió como “una burla”, señalando que el nuevo sueldo equivale a más de 30 salarios mínimos.
El aumento del salario presidencial ha generado un amplio rechazo en el Congreso y en la ciudadanía. El debate continúa en medio de dudas sobre la legalidad, necesidad y legitimidad de esta decisión.
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