El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunciaron el despliegue de más efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en las operaciones contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad.
Refuerzo de operativos tras atentados en minera Poderosa
Durante una visita de supervisión a la región La Libertad, el jefe del Gabinete Ministerial y el titular del Ministerio de Defensa informaron sobre la decisión del Ejecutivo de intensificar el control y la seguridad en la zona de influencia minera, en respuesta a recientes atentados contra la empresa minera Poderosa.
“El Gobierno está dando muestras claras de cuál es su prioridad. Creo que de esta manera vamos a lograr resultados positivos en los próximos meses”, señaló el ministro de Defensa, Walter Astudillo.
Asimismo, resaltó la importancia de un trabajo conjunto: “Las Fuerzas Armadas han constituido una importante cantidad de efectivos en Pataz; y se van a reforzar de acuerdo a los planes de operaciones que está formulando la Policía Nacional”, declaró Astudillo.
Nuevas infraestructuras y puestos de control en zona minera
Como parte de las acciones dispuestas por el Ejecutivo, se implementará un frente policial en Pataz que incluirá la construcción de un edificio de cinco pisos. Esta infraestructura albergará de manera permanente a 180 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Desde abril, se prevé la entrega del primero de tres puestos de control ubicados en los accesos principales a la zona minera. Cada puesto contará con personal especializado que tendrá como objetivo monitorear de forma efectiva las rutas y materiales que circulan por el área.
El Gobierno también evalúa la ejecución de nuevas operaciones de interdicción para impedir el ingreso de insumos químicos y maquinaria relacionada con actividades de minería ilegal.
Acciones para frenar el crimen organizado
Además de los puestos de control y el refuerzo del personal en la zona, se intensificarán las acciones orientadas a la incautación de minerales extraídos de forma ilícita y la destrucción de campamentos clandestinos.
Estas medidas forman parte de una estrategia del Ejecutivo para combatir el crimen organizado y promover un entorno de seguridad y desarrollo sostenible en La Libertad.
