El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del Perú por un periodo de 60 días calendario, como parte de las medidas adoptadas frente a la inseguridad ciudadana y las actividades de organizaciones criminales desde las cárceles. La disposición alcanza a los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. Durante este periodo, la Policía Nacional tendrá a su cargo el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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Estado de emergencia en cinco penales del Perú
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
El estado de emergencia comprende el perímetro exterior de los cinco establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme a las disposiciones establecidas en la norma.
Los establecimientos comprendidos son:
- Penal de Challapalca, en Tacna.
- Penal de Cochamarca, en Pasco.
- Penal Miguel Castro Castro, en Lima.
- Penal Ancón I, en Lima.
- Penal Trujillo Varones, en La Libertad.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones destinadas a mantener el control del orden interno y reforzar la seguridad en el perímetro exterior de los establecimientos.
PNP y Fuerzas Armadas reforzarán seguridad penitenciaria
La disposición establece que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desarrollará operaciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los penales.
Entre las acciones previstas se encuentra el establecimiento de un control estricto de los accesos y el desarrollo de labores de inteligencia orientadas a prevenir posibles fugas de internos.
También se realizarán operativos permanentes para detectar y decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Mientras dure la declaratoria de emergencia, el INPE continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos penitenciarios.
La norma establece, además, que se mantendrá el respeto a los derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Medidas contra organizaciones criminales desde las cárceles
De acuerdo con la información proporcionada por el Ejecutivo, los cinco penales incluidos en la medida concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que las acciones se desarrollarán independientemente del proceso de solicitud de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso.
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, indicó el presidente del consejo de ministros, Luis Galarreta.
La declaratoria de emergencia establece medidas específicas para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios y las áreas ubicadas en su perímetro exterior durante el periodo establecido en el decreto supremo.
Gobierno coordina cambios en la gestión del INPE
Un día antes de la publicación de la medida, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano.
Según la información proporcionada, el encuentro tuvo como objetivo coordinar las acciones inmediatas relacionadas con el fortalecimiento del sistema penitenciario y establecer las directrices de la nueva gestión del INPE.
Durante la reunión se abordaron medidas vinculadas con el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, entre ellas las disposiciones contempladas posteriormente en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.
