El Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por el presunto delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. El requerimiento forma parte de una investigación preparatoria relacionada con el presunto origen ilícito de su patrimonio e incluye actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. El Poder Judicial programó una audiencia para evaluar la medida el jueves 5 de noviembre, a las 9:00 a. m., en el Cercado de Lima.
Audiencia evaluará pedido de prisión preventiva contra Andrés Hurtado
La solicitud fue presentada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a través de su Segundo Despacho, que dispuso el inicio de la investigación preparatoria contra Hurtado y otros involucrados el pasado 4 de septiembre.
El requerimiento fue remitido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que convocó a una audiencia presencial e inaplazable. La diligencia se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.
Juzgado debe resolver cuestiones de competencia
En una resolución emitida el 7 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el órgano jurisdiccional indicó que, conforme al artículo 52 del Código Procesal Penal, está facultado para evaluar el requerimiento fiscal mientras permanezcan pendientes de resolución las cuestiones de competencia relacionadas con el caso.
El pronunciamiento se produjo después de que, el 6 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se inhibiera de intervenir en la investigación por “falta de competencia objetiva”. En esa misma decisión, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Investigación Preparatoria de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que se pronuncie sobre los fundamentos de la inhibición.
Andrés Hurtado también afronta otras investigaciones
Hurtado cumple prisión preventiva en el marco de otra investigación por su presunta participación en la entrega de una coima a la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta. Según la acusación, el empresario Javier Miu Lei habría realizado el pago con el objetivo de recuperar barras de oro que el Ministerio Público incautó a su empresa en 2020.
Asimismo, el exconductor es investigado por su presunta participación en gestiones realizadas en 2019 por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. El trámite tenía como finalidad que el deportista renunciara a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.
