La presidenta Dina Boluarte anunció que responderá por escrito las preguntas formuladas por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que solicitó detalles sobre el uso de los recursos y bienes asignados a su despacho. En un oficio dirigido al presidente de dicha comisión, Juan Bartolomé Burgos, la Presidencia indicó su disposición para colaborar en la investigación, enfatizando el compromiso de la mandataria con la transparencia en la administración pública.
Respuestas por escrito para una fiscalización detallada
En representación de la presidenta Boluarte, el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, comunicó la decisión de no asistir en persona a la invitación del Congreso. En su lugar, solicitó que la Comisión de Fiscalización enviara un cuestionario detallado para asegurar una respuesta “precisa y completa” en beneficio del interés público. La razón principal expuesta por Vílchez fue que las funciones de la jefa de Estado no abarcan la administración directa de los sistemas administrativos, por lo que resulta más adecuado responder por escrito.
“La señora Presidenta de la República declina de asistir a vuestra invitación”, explicó Vílchez, reiterando que esta postura no solo busca mantener la normativa de sus funciones, sino que también tiene como objetivo reafirmar el compromiso de respetar la transparencia en el uso de los recursos asignados al Ejecutivo.
Subsecretaría General: el órgano encargado de la administración
Si bien la invitación del Congreso se relaciona con el uso de recursos asignados a la Presidencia, el encargado de gestionar la información será la Subsecretaría General del Despacho Presidencial. Esta área es responsable de coordinar y supervisar los sistemas administrativos internos y de asegurar que se cumplan los objetivos de gestión.
De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial, la Subsecretaría General es la encargada de coordinar los procesos técnicos y administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería, presupuesto público y modernización de la gestión pública, entre otros.
