El vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el Consejo Directivo definirá mañana la fecha en que el Pleno debatirá el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. El documento, aprobado previamente por la Comisión Permanente, propone sancionarla por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República.
Consejo Directivo fijará el cronograma del debate
La sesión del Consejo Directivo está programada para este viernes 7, a las 12:00 horas, en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Según Rospigliosi, es esta instancia parlamentaria la que tiene la potestad de decidir cuándo el informe será agendado en el Pleno, y no la Mesa Directiva ni el titular del Congreso.
“Eso (el informe contra Betssy Chávez) se va a discutir de todas maneras antes de que termine esta legislatura y, si se aprueba, como espero que ocurra, se le va a inhabilitar de todas maneras, que es la sanción que se le puede imponer”, señaló el presidente del Congreso.
Informe recomienda inhabilitación política por una década
El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, quien fue titular de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el último tramo del gobierno de Pedro Castillo. El documento sustenta su recomendación en la presunta implicancia de la exfuncionaria en la fallida disolución del Parlamento ocurrida en diciembre de 2022.
El procedimiento seguirá su curso una vez que el Consejo Directivo determine la fecha del debate en el Pleno, donde se requerirá mayoría simple para aprobar o rechazar la sanción propuesta.
Asilo en México y ruptura diplomática
En medio del proceso, el Gobierno de México anunció que ha concedido asilo diplomático a Betssy Chávez, lo que provocó una ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Este hecho añadió tensión política al caso y generó cuestionamientos sobre el impacto internacional de la decisión.
La eventual inhabilitación política impediría que Chávez Chino ocupe cargos públicos durante 10 años, marcando un nuevo capítulo en el proceso de responsabilidades derivadas del intento de golpe de Estado de 2022.
