Con 97 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el miércoles 14 de mayo una reforma legal que permite la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros que sean detenidos en flagrancia, es decir, en el momento de cometer un delito, sin necesidad de una sentencia judicial firme.
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Esta medida modifica el Código Penal y fue exonerada de segunda votación, por lo que será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
De acuerdo con el comunicado oficial del Parlamento, el objetivo de esta reforma es reforzar la seguridad ciudadana, la cual ha sido impactada negativamente en los últimos meses.
La disposición establece que un juez podrá ordenar la deportación inmediata del ciudadano extranjero capturado en flagrancia. Además, la norma estipula que la persona expulsada no podrá reingresar al país mientras dure la condena que le correspondería cumplir. También se permitirá la incautación de sus bienes para destinarlos al pago de la reparación civil a favor del Estado o de las víctimas del delito.
Especialistas advierten posibles cuestionamientos constitucionales y operativos
La aprobación de esta norma ha generado debate respecto a su viabilidad y adecuación al marco legal vigente. En declaraciones a Canal N, el abogado penalista César Nakasaki señaló que la medida sería inconstitucional al permitir una expulsión sin una sentencia judicial previa.
Nakasaki planteó como alternativa la aplicación del “proceso inmediato”, un procedimiento judicial existente que permite tomar decisiones legales con rapidez y garantiza una resolución judicial antes de aplicar una sanción. Según explicó, la detención en flagrancia no reemplaza el debido proceso necesario para determinar la responsabilidad penal del detenido.
El especialista también mencionó algunos obstáculos para la implementación de la ley, como el posible retorno ilegal de personas expulsadas debido a la falta de un control fronterizo efectivo, los costos logísticos que implica una deportación masiva, y la negativa de algunos países de origen a recibir a sus ciudadanos.
Respecto a la duración de la medida, destacó que ahora estará alineada con la pena máxima del delito cometido. Sin embargo, también advirtió que la ley podría enfrentar acciones judiciales como habeas corpus, lo que pondría en duda su aplicabilidad en la práctica.
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