La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto el pedido del expresidente Martín Vizcarra para suspender la ejecución inmediata de la condena a 14 años de prisión impuesta en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La solicitud busca que la pena no se haga efectiva hasta que se resuelva la apelación presentada contra la sentencia. Durante la audiencia, tanto la defensa como la Fiscalía expusieron argumentos sobre la legalidad de la medida, el riesgo procesal y el estado de salud del exmandatario.
Pedido de suspensión de la condena en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
Durante la audiencia, el abogado defensor de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, sostuvo que el Cuarto Juzgado Penal Nacional no motivó de manera adecuada la disposición de ejecución inmediata de la condena. Según indicó, esta decisión no habría observado los presupuestos establecidos por la Corte Suprema ni por el Tribunal Constitucional (TC).
El letrado señaló que no se valoró el comportamiento procesal del expresidente, quien asistió a todas las audiencias, incluida la lectura de la sentencia. Añadió que la gravedad de la medida, el arraigo laboral vigente y la inexistencia de peligro de fuga debieron ser considerados por el juzgado al momento de disponer la ejecución de la pena.
Asimismo, la defensa afirmó que la duración de la condena no constituye un impedimento legal para suspender su ejecución. En ese sentido, mencionó como antecedente el proceso seguido contra el expresidente Pedro Castillo, en el que se suspendió la ejecución de condenas de 11 y 6 años de prisión a otros procesados.
Fiscalía se opone a la suspensión y defiende ejecución inmediata de la pena
En relación con el estado de salud de Martín Vizcarra, la defensa informó a la sala que el exmandatario se encuentra delicado y que no habría recibido atención especializada oportuna en el penal Barbadillo, motivo por el cual será sometido a una intervención quirúrgica en una clínica local.
“Solicitamos se suspenda el extremo condenatorio de ejecución inmediata hasta que se resuelva la apelación de la sentencia y pedimos que se disponga una media de comparecencia restrictiva simple”, aseguró el abogado Siccha.
Por su parte, el fiscal superior Hernán Wilfredo Mendoza se opuso al pedido de la defensa al señalar que existe una imposibilidad legal de suspender la pena debido a que se trata de una condena de 14 años de prisión.
“Se trata de una autoridad regional que comprometió recursos públicos a cambio de intereses personales”, aseveró.
Respecto al derecho a la salud invocado por la defensa, el fiscal indicó que el informe médico del penal Barbadillo precisa que se le viene brindando atención médica y que esta continuará garantizándose. En ese contexto, sostuvo que la “afectación grave” alegada no se refleja en los documentos presentados.
“El encarcelamiento anticipado se encuentra justificado y evita el riesgo de fuga, no se encuentra otra forma razonable de ser neutralizado. Ante la carencia de argumentos de la defensa, pedimos que se rechace el pedido”, concluyó.
Tras escuchar a ambas partes, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anunció que emitirá su pronunciamiento dentro del plazo de ley.
