El fiscal del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, defendió la orden de prisión preventiva de cinco meses dictada contra el expresidente Martín Vizcarra. Durante la audiencia de apelación presentada por la defensa, sostuvo que el exmandatario no ha acreditado arraigos familiares ni laborales sólidos que garanticen su permanencia en el país y reduzcan el riesgo de fuga.
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Fiscalía cuestiona arraigo laboral y familiar de Martín Vizcarra
“Esa es claramente la posición del Ministerio Público, que el señor Martín Vizcarra no tiene ningún arraigo y que, dentro del desarrollo de su conducta, el decaimiento de los arraigos familiar y laboral es lo que determina la prisión preventiva”, señaló el fiscal Vela Barba.
Según explicó, los argumentos de la defensa no sustentan vínculos consistentes que aseguren que Vizcarra pueda enfrentar el proceso sin evadir la justicia. El expresidente, por su parte, intervino para reafirmar que sí cuenta con arraigo familiar y laboral, cuestionando la decisión judicial que ordenó su detención.
“Es un trabajo en una empresa familiar, soy ingeniero civil con 40 años de experiencia, ¿cómo no voy a dar un servicio? (…) Siempre digo: no me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Yo afrontaré la justicia y no voy a traicionar a los millones de peruanos que creen en mí”, manifestó Vizcarra durante la audiencia.
Antecedentes del caso y traslado al penal de Barbadillo
La medida de prisión preventiva fue dictada tras la acusación de que el expresidente habría recibido S/ 2.3 millones en sobornos de las constructoras ICCGSA y Obrainsa, a través de intermediarios, a cambio de favorecer la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
En audiencias previas, Vizcarra cuestionó la proporcionalidad de la medida, señalando que empresarios involucrados en casos de corrupción como Odebrecht o Graña y Montero no habían recibido condena efectiva.
El pasado 27 de agosto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que Vizcarra fue trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, tras haber permanecido algunos días en Ancón II. La decisión se tomó a pedido de su despacho al INPE, con el argumento de que, por la investidura que representa haber sido jefe de Estado, debía cumplir su reclusión en Barbadillo.
El 22 de agosto, el INPE había ordenado su traslado a Ancón II, alegando irregularidades en su asignación inicial a Barbadillo. La medida generó protestas de familiares y simpatizantes del exmandatario, quienes la calificaron como un acto de persecución política.
