La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó la sanción contra el partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, imponiendo una multa de 88 mil soles por irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña electoral de 2021. El organismo electoral determinó que la agrupación no registró correctamente los aportes privados, lo que derivó en un proceso sancionador. La decisión aún puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro del plazo establecido por ley.
ONPE detecta irregularidades en aportes de campaña electoral 2021
La sanción se originó tras la revisión de la segunda entrega de información financiera de la campaña de las Elecciones Generales 2021. Durante la fiscalización, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) identificó recibos de aportes en efectivo y especie que no contaban con la firma de los supuestos aportantes.
Inicialmente, se observaron 191 recibos con inconsistencias. Sin embargo, el análisis posterior determinó que la infracción se concentró en 86 recibos, en los cuales figuraba la firma del tesorero del partido en lugar de la de los donantes, incumpliendo la normativa de financiamiento político.
Juntos por el Perú alegó prescripción, pero ONPE desestimó recurso
Ante la sanción impuesta, Juntos por el Perú presentó una apelación argumentando que la facultad sancionadora de la ONPE había prescrito. El recurso fue evaluado por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas Serrano, quien rechazó los argumentos de la organización política.
La ONPE precisó que no se trataba de una única infracción, sino de una conducta reiterada en 86 casos, lo que configuraba una infracción continuada.
En su resolución, el organismo electoral sostuvo que la conducta infractora evidenciaba negligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales, por lo que no era necesario acreditar intención de fraude para aplicar la sanción.
Posible apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones
Tras la ratificación de la multa, Juntos por el Perú puede presentar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según la Ley de Organizaciones Políticas, el plazo máximo para hacerlo es de 15 días hábiles.
El caso se enmarca en los mecanismos de fiscalización del financiamiento político en el país, los cuales buscan garantizar la transparencia en el manejo de recursos durante campañas electorales. La resolución de la ONPE establece un antecedente en los procesos de control a organizaciones políticas.
