El pedido de indulto a Pedro Castillo fue presentado oficialmente ante el despacho del presidente José María Balcázar, reactivando el debate político y jurídico en el país. La solicitud, ingresada por escrito y con la firma del exmandatario desde el Penal Barbadillo, plantea presuntas vulneraciones al debido proceso durante su condena. La defensa sostiene que corresponde aplicar una medida de gracia en un contexto marcado por crisis institucional y reconfiguración del poder político.
Solicitud de indulto presidencial: argumentos sobre debido proceso y persecución política
El abogado Walter Ayala, defensor legal del expresidente, fundamentó la solicitud en presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso judicial que culminó con la condena por conspiración para rebelión. Según la defensa, se vulneraron garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva.
En el documento presentado ante el Ejecutivo, se argumenta que la condena se produjo en un contexto de persecución política y bajo presiones mediáticas que habrían condicionado el proceso. La defensa sostiene que el indulto presidencial en Perú es una facultad constitucional del jefe de Estado y que su evaluación debe considerar criterios de humanidad, justicia y estabilidad democrática.
De acuerdo con Ayala, la medida de gracia no implica desconocer el sistema judicial, sino atender una situación excepcional que, a su juicio, afectó derechos fundamentales.
Procedimiento legal del indulto y firma desde el Penal Barbadillo
El trámite del pedido se realizó conforme a los canales administrativos establecidos para una solicitud de indulto presidencial. El documento fue suscrito por Pedro Castillo en el Penal Barbadillo y posteriormente ingresado al Ejecutivo para su evaluación formal.
La defensa descartó la existencia de gestiones informales y precisó que el proceso cumple con los requisitos legales vigentes. La firma del exmandatario constituye un requisito indispensable, ya que acredita su voluntad expresa de acogerse a la medida de gracia solicitada ante el presidente José María Balcázar.
El texto incluye una solicitud directa dirigida al jefe de Estado, invocando la facultad constitucional para conceder el indulto.
Confianza legítima y expectativa política en la evaluación del indulto
Entre los argumentos expuestos, la defensa incorporó el principio de confianza legítima. Ayala afirmó que este principio implica que las autoridades públicas deben actuar de manera coherente con declaraciones previas cuando estas generan expectativas en la ciudadanía.
En ese contexto, el abogado recordó que Balcázar habría expresado anteriormente una posición favorable a la liberación de Pedro Castillo. “Cuando una autoridad expresa públicamente una intención, esa expresión no es neutra”, señaló Ayala, al advertir que una eventual negativa al indulto tendrá un costo político y formará parte del balance histórico del actual gobierno interino.
