El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional renovó mediante la Resolución N° 19, emitida el 27 de marzo de 2026, las órdenes de ubicación, captura y conducción nacional e internacional de Vladimir Cerrón Rojas. Sin embargo, en ese mismo documento, difundido por el portal Epicentro, el juzgado dio cuenta de que Carlos Fernández Millán, abogado de la Defensoría del Pueblo, presentó un escrito mediante el cual se apersona al proceso y solicita ser considerado como amicus curiae, figura jurídica que permite a instituciones ajenas al litigio presentar argumentos ante el tribunal.

Penalistas advierten que la intervención de la Defensoría resultaría inusual y fuera de su competencia

El abogado penalista Andy Carrión señaló que esta intervención resulta llamativa dado el contexto del caso. «No es muy usual que la Defensoría del Pueblo se inmiscuya en un proceso en curso; más aún, si es que hay un personaje que tiene investigaciones o que eventualmente es prófugo de la justicia», advirtió.

La también penalista Valeria Morón cuestionó la pertinencia de la participación del adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, cuya función principal es la defensa de víctimas de violencia, personas desplazadas, afrodescendientes, migrantes, refugiados y comunidades nativas y andinas. «No queda muy claro qué tiene que ver eso con un exfuncionario público procesado. Pareciera estar fuera de su competencia», indicó.

Posible conflicto de interés por vínculo del defensor del Pueblo con Cerrón y Perú Libre

Ambos especialistas coincidieron en señalar un posible conflicto de interés. «Ya es público que la Defensoría lo apoya, el actual defensor ha sido su abogado», remarcó Carrión. Morón añadió que «la controversia surge por un posible conflicto de interés, debido a la cercanía del actual defensor del Pueblo con Perú Libre, al que pertenece el investigado».

El actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue abogado de Cerrón con anterioridad a su cargo. Por su parte, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, señaló en Canal N que cualquier cuestionamiento debe ser verificado por las instancias competentes y que no considera que exista un conflicto de interés en la participación de la Defensoría. «Por ser defensor del Pueblo, él cuida los derechos de cada persona, los derechos fundamentales», expresó.

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