La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y el exministro José Santiváñez, en el marco del proceso legislativo correspondiente a la DC 595. La decisión marca el inicio de una nueva etapa en el procedimiento parlamentario, que ahora pasará a evaluación de la Comisión Permanente. El caso está vinculado a presuntos hechos ocurridos en 2024 y relacionados con un operativo policial de alcance nacional.
Congreso aprueba informe de denuncia constitucional contra Dina Boluarte
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio luz verde al informe de calificación de la Denuncia Constitucional 595 con 8 votos a favor, 1 en contra y sin abstenciones. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria realizada el miércoles 18 de marzo.
La reunión contó con la participación de 10 congresistas y comprendió la sustentación, el debate y la votación del informe. Tras su aprobación, el documento será remitido a la Comisión Permanente del Congreso, instancia encargada de continuar con el procedimiento parlamentario.
Motivos de la denuncia constitucional DC 595
La denuncia constitucional fue presentada por Delia Espinoza Valenzuela, en su condición de Fiscal de la Nación, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.
Según la acusación, Dina Boluarte habría utilizado el vehículo oficial presidencial en febrero de 2024 en circunstancias vinculadas a un operativo policial destinado a ubicar al exgobernador regional Vladimir Cerrón. De acuerdo con la denuncia, este hecho habría podido favorecer su evasión de la justicia.
En el caso de José Santiváñez, la imputación está relacionada con una presunta omisión de comunicar a la autoridad competente información sobre estos hechos, pese a haber tomado conocimiento de ellos durante el ejercicio de sus funciones.
Procedimiento de la denuncia constitucional en el Congreso
De acuerdo con el procedimiento legislativo, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara admisible y procedente una denuncia, el informe de calificación es remitido a la Comisión Permanente para su evaluación.
En caso de ser aprobado, se establece un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación correspondiente y elabore un informe final. Posteriormente, este documento puede ser elevado al Pleno del Congreso para su debate y eventual decisión.
