El debate sobre la seguridad en Perú se intensificó cuando el congresista Wilson Soto, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley que propone la implementación de la pena de muerte para sicarios y extorsionadores. Esta iniciativa busca hacer frente a la creciente ola de delincuencia que azota a Lima y otras regiones del país.
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Detalles del proyecto de ley
La propuesta, conocida como Ley N.º 9041, se encuentra aún en espera de debate en el Parlamento. Además de la pena de muerte, incluye la cadena perpetua como alternativa para aquellos que cometan delitos de secuestro o robo agravado. Soto también sugirió que estos crímenes sean considerados actos de terrorismo, lo que permitiría imponer sanciones más severas.
El congresista argumentó que la situación de inseguridad actual justifica medidas extremas. “Todos los días hay asesinatos y asaltos. Si las cortes internacionales se preocupan más por estos delincuentes, ¿qué derechos humanos deben tener ellos?”, afirmó en una entrevista con Canal N, señalando la urgencia de modificar la legislación existente.
Implicaciones legales
La aprobación de este proyecto podría obligar al Perú a retirarse del Pacto de San José y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instituciones que defienden los derechos fundamentales de las personas. Esta situación genera preocupaciones sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
Comparaciones internacionales
En su argumentación, Soto incluyó ejemplos de otros países donde la pena de muerte se aplica regularmente, como Irán, Estados Unidos y China. “En Vietnam, nadie roba porque hay pena de muerte”, afirmó, sugiriendo que medidas similares podrían mejorar la seguridad en Perú.
Además, el congresista aseguró que una gran parte de la población apoya esta iniciativa, afirmando: “Si nosotros hacemos una encuesta, estoy seguro de que todos los peruanos pensarían lo mismo que yo”.
Reacciones y controversia
A pesar del apoyo que podría tener, la propuesta ha generado controversia. Implicaría una modificación a la Constitución de 1993 y contravendría tratados internacionales firmados por el Perú, como el Pacto de San José. Si finalmente se debate y aprueba, esta normativa podría representar un cambio radical en la forma en que el sistema de justicia peruano aborda los delitos graves, pero también podría generar tensiones con organismos internacionales en el ámbito de los derechos humanos.
