Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos en enero, planea declarar un estado de emergencia nacional para llevar a cabo una masiva deportación de migrantes. Esta estrategia formará parte de su compromiso de campaña para reforzar las políticas migratorias en el país.
Trump califica la migración como una «invasión»
El expresidente describió la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México como una “invasión” y aseguró que se trata de una amenaza que debe ser contenida. Para enfrentarla, prometió la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Entre sus propuestas está la reactivación de programas como Quédate en México, además de medidas más restrictivas como prohibir beneficios federales a los migrantes y reforzar la frontera con agentes adicionales.
Trump también adelantó que recurrirá a la Guardia Nacional y, si es necesario, al ejército para asegurar el cumplimiento de estas deportaciones. En plataformas como Truth Social, figuras conservadoras como Tom Fitton respaldaron la intención del magnate, destacando que su administración estaría lista para implementar estas medidas desde el primer día.
Economistas y defensores de derechos humanos alertan sobre el impacto
Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el destino de los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Mientras tanto, economistas advierten sobre el alto costo financiero de estas deportaciones. Un estudio del American Immigration Council estimó que la implementación de estas políticas podría costar hasta 88.000 millones de dólares anuales, con un impacto significativo en la economía, especialmente en sectores que enfrentan escasez de mano de obra.
Desde su victoria en las elecciones presidenciales, Trump ha mostrado avances en sus promesas migratorias, nombrando a Tom Homan como «zar de la frontera» y a Kristi Noem y Mike Waltz en cargos clave relacionados con seguridad e inmigración. Sin embargo, muchos de sus planes podrían enfrentar desafíos legales, como ocurrió durante su mandato anterior con el programa DACA, cuya eliminación fue bloqueada por los tribunales.
