El gobierno de Donald Trump puso fin a las restricciones que impedían realizar redadas migratorias en escuelas, iglesias y hospitales, eliminando una política implementada en 2021 durante la administración de Joe Biden. Esta decisión permite a las autoridades actuar en espacios esenciales para las comunidades inmigrantes, lo que ha generado un clima de preocupación y temor.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida busca facilitar la captura de personas calificadas como “criminales extranjeros”. Sin embargo, esta decisión ha generado temor entre los inmigrantes, quienes ahora enfrentan el riesgo de ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela, asistir a servicios religiosos o acudir a centros de salud.
Expertos han señalado que esta política podría tener consecuencias graves, como el aumento de la deserción escolar por miedo a las redadas, la disminución en la asistencia a iglesias y la reticencia de los inmigrantes a buscar atención médica. Estas acciones podrían debilitar la confianza en instituciones esenciales para las comunidades más vulnerables.
La decisión representa un cambio significativo en la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Las críticas por parte de los opositores de Trump y asociaciones pro migrantes no se han hecho esperar. Y es que advierten sobre posible impacto en los derechos y bienestar de las familias inmigrantes.
Promesa de campaña
El gobierno de Donald Trump anuló una directriz implementada en 2021 por la administración de Joe Biden. La medida prohibía a los agentes de migración realizar arrestos en sitios considerados sensibles, como escuelas, hospitales, iglesias, albergues para víctimas de violencia doméstica y centros de ayuda tras desastres naturales.
Esta medida formó parte de sus promesas de campaña a través de las cuales obtuvo los votos necesarios para llegar a la Casa Blanca. La decisión subraya el enfoque estricto de la nueva administración respecto a la inmigración.
