Quienes accedan a una Vivienda de Interés Social (VIS) mediante un subsidio estatal no podrán alquilar el inmueble durante los primeros cinco años, de acuerdo con el proyecto de reglamento publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La iniciativa, actualmente en consulta pública, plantea nuevas obligaciones para los beneficiarios con el objetivo de garantizar que los recursos públicos se destinen al acceso a una vivienda propia y no a fines comerciales.
Reglamento de Vivienda de Interés Social plantea restricciones para beneficiarios de subsidios
El proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social establece que las personas que reciban subsidios habitacionales deberán utilizar el inmueble como residencia habitual durante un periodo mínimo de cinco años.
Durante ese plazo, los beneficiarios no podrán alquilar la vivienda ni dejar de habitarla. El incumplimiento de estas condiciones implicaría la pérdida del derecho a acceder a futuros programas de vivienda promovidos por el Estado.
Además, la propuesta señala que quienes infrinjan estas disposiciones perderían los beneficios financieros asociados al subsidio y estarían obligados a devolver el monto recibido, junto con los intereses legales generados desde el momento del desembolso.
Según el documento, estas medidas buscan asegurar que los subsidios destinados a la vivienda sean utilizados para facilitar el acceso a una residencia propia y no para obtener ingresos mediante el arrendamiento de inmuebles financiados con recursos públicos.
Proyecto crea el Registro Nacional de Vivienda y fija requisitos para las VIS
La propuesta también contempla la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), un padrón en el que deberán inscribirse los proyectos de Vivienda de Interés Social para acceder a los programas y beneficios estatales.
Asimismo, el reglamento establece parámetros técnicos para este tipo de viviendas. Como regla general, las unidades habitacionales deberán contar con un área mínima de 35 metros cuadrados.
No obstante, el proyecto prevé que, de manera excepcional, puedan desarrollarse viviendas desde los 25 metros cuadrados, siempre que cumplan con las condiciones de habitabilidad y seguridad establecidas en la normativa vigente.
Reglamento contempla supervisión y sanciones para proyectos de vivienda social
Otro de los aspectos incluidos en la propuesta es la implementación de un régimen de supervisión y sanciones dirigido a los promotores inmobiliarios y proyectos que incumplan las disposiciones relacionadas con la Vivienda de Interés Social.
Este mecanismo busca verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para los proyectos que accedan a los beneficios previstos por el Estado.
