El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, regresó al Perú tras un viaje a Bélgica y Países Bajos y fue recibido en el aeropuerto Jorge Chávez por un grupo de personas con carteles y gigantografías en apoyo a su gestión. Este recibimiento ocurre en medio de una investigación fiscal por presunto abuso de autoridad, vinculada a audios difundidos con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias Culebra.
Fiscalía investiga vínculos y solicita impedimento de salida
La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema un impedimento de salida del país por 18 meses contra Santiváñez, tras allanar su vivienda en La Molina el 3 de marzo. La medida responde a la presunta orden de seguimiento ilegal al periodista Marco Sifuentes, revelada por Izquierdo. En los audios, Santiváñez habría discutido con su amigo estrategias para proteger a la presidenta Dina Boluarte, investigada por presunto encubrimiento en el caso Cofre.
Además, se conoció que el 3 de marzo, mientras Santiváñez viajaba a Europa, la Fiscalía ejecutó el allanamiento en su domicilio para recabar pruebas. Los audios, grabados en un chifa de San Borja en agosto de 2024, sugieren que Boluarte le habría pedido desactivar la Diviac —unidad especializada en delitos de alta complejidad— como condición para su nombramiento como ministro.
Chats revelan presunta manipulación de imagen pública
El programa Cuarto Poder reveló en febrero conversaciones de WhatsApp donde se indica que Santiváñez habría contratado una red de apoyo para mejorar su imagen en redes sociales. Luis Pineda Rodríguez, excolaborador de su bufete de abogados, habría coordinado desde el Ministerio del Interior una campaña de marketing con un salario de S/10,800 mensuales.
En un chat del 20 de octubre, Pineda instó a votar por la opción “NO” en una encuesta sobre si Santiváñez debía ser removido de su cargo. Tras su llamado, el 67% de los participantes respaldó al ministro. “Es el único que pelea por los aumentos y enfrenta a la Fiscalía” , escribió Pineda.
Críticas y contexto de las investigaciones
La investigación contra Santiváñez se centra en los audios donde, supuestamente, habría coordinado acciones para obstaculizar labores fiscales, como el seguimiento a Sifuentes. Además, la Fiscalía cuestiona su relación con Izquierdo, quien fue separado de la Policía por grabar conversaciones confidenciales.
Mientras tanto, el apoyo público al ministro contrasta con las críticas de sectores que cuestionan su gestión. En lo que va de 2024, el Ministerio del Interior enfrenta desafíos como el aumento de homicidios y la percepción de impunidad.
