Hace unas semanas, la Contraloría identificó que funcionarios de salud en Piura contrataron de manera irregular sesiones de tratamiento para pacientes con problemas renales, sin seguir los procesos legales. Se gastó más que el monto contratado y, con esto, se favoreció a determinadas empresas.
Este presunto acto de corrupción es un ejemplo de cómo se malgastan los recursos públicos. Además, de esta manera, se pone en riesgo la salud de los pacientes al comprometer la calidad en el acceso a los servicios médicos esenciales.
De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023 de la Contraloría General de la República (CGR), Piura es la segunda región a nivel nacional con mayor perjuicio económico causado por corrupción e inconducta funcional, con un monto que supera los 1.5 mil millones de soles, el más alto desde el 2019.
Al respecto, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) identificó que, durante el 2023, la región perdía S/16.2 de cada S/ 100 soles destinados a gastos públicos. Esta cifra muestra una preocupante pérdida de recursos que podrían haberse utilizado para mejorar la calidad de vida de los piuranos.
“La corrupción limita las oportunidades de desarrollo y es un obstáculo para el progreso socioeconómico de las regiones. Cada sol desviado implica la pérdida de recursos que podrían haberse destinado a educación, acceso a agua potable y atención médica. En el sector salud, por ejemplo, la malversación de recursos asignados a hospitales genera deficiencias en la provisión de servicios esenciales. Esto se traduce en retrasos en diagnósticos, tratamientos y una atención médica inadecuada para los pacientes”, precisó Germán Vega, economista de REDES.
Vale resaltar que, en Piura, el 97.6% de los establecimientos del primer nivel de atención tiene capacidad instalada inadecuada. Es decir, que no cuentan con una infraestructura y equipamiento adecuados para la atención de la población.
Corrupción en entidades públicas afecta servicios esenciales
El boletín estadístico de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), a septiembre del 2024, reveló que el delito de corrupción más común en Piura es peculado (cuando un funcionario público se apropia de dinero del estado para su beneficio personal). Le siguen colusión (manipulación de contratos o licitaciones) y aprovechamiento indebido de funcionarios durante su cargo en el poder.
A la misma fecha, la PPEDC señaló que las entidades más afectadas por corrupción fueron la Municipalidad Distrital (325 casos), la Municipalidad Provincial (213) y el Gobierno Regional (150). Vega indicó que el alto número de casos en estas entidades muestra que hay graves problemas de transparencia y manejo de recursos públicos.
Asimismo, según los datos actualizados de INCO al 2024, las entidades públicas con mayor puntaje de corrupción e inconducta funcional en la región son encabezadas por la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (78.3 puntos). Le siguen la Municipalidad Distrital de Castilla (76.9 puntos) y la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Piura (75.6 puntos).
Otros destacados por su alta calificación en este índice incluye a la Municipalidad Provincial de Paita, la de Sechura, Sullana, Huancabamba y Morropón. Así como la Dirección Regional de Salud del gobierno regional de Piura.
“La corrupción en las municipalidades puede desencadenar una gestión ineficaz de servicios esenciales como la recolección de basura o el abastecimiento de agua potable. Precisamente, la acumulación de residuos, la escasez de agua potable y un sistema de transporte deficiente son algunas de las dificultades que enfrenta Piura a diario. Lo que afecta gravemente la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó Vega.
En este sentido, el especialista subraya la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones. Esto con el fin recuperar la confianza de la ciudadanía y, especialmente, evitar la desconfianza de las empresas que buscan invertir en la región.
