El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N.º 1688, con el objetivo de prevenir el uso indebido de servicios públicos de telecomunicaciones desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
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Mediante el Decreto Supremo N.º 008-2025-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se oficializaron disposiciones que obligan a las empresas operadoras a restringir la emisión de señales radioeléctricas en zonas donde operan centros de reclusión. Esta medida debe aplicarse sin afectar la conectividad de las personas que residen en áreas aledañas.
El reglamento también promueve la coordinación entre las operadoras y las entidades encargadas de los sistemas de restricción de señales. En casos donde no se logre consenso, se utilizarán los criterios establecidos en el Protocolo Técnico correspondiente para definir los parámetros técnicos a seguir.
Supervisión y medidas ante el uso indebido de telecomunicaciones
Las empresas de telecomunicaciones deberán implementar sistemas de monitoreo permanente en sus redes. Asimismo, deberán utilizar herramientas como la geolocalización y el crowdsourcing para detectar accesos o intentos de conexión desde dentro de los centros penitenciarios y juveniles.
Entre las medidas contempladas en el reglamento se incluye el corte del servicio público de telecomunicaciones y el bloqueo de equipos terminales móviles o inalámbricos fijos que sean usados de forma indebida. Los criterios técnicos para ejecutar estas acciones serán definidos por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa recaerá en el MTC y en OSIPTEL. Ambas entidades podrán iniciar procedimientos sancionadores ante el incumplimiento de las nuevas disposiciones, las cuales ya contemplan infracciones específicas.
Proceso participativo y objetivo de seguridad ciudadana
La norma es resultado de un proceso participativo liderado por el MTC a través de una Mesa Técnica con representación de sectores públicos y privados. El proceso permitió la incorporación de aportes de ciudadanos, operadoras y entidades estatales, fortaleciendo la colaboración interinstitucional.
El propósito central del reglamento es limitar el uso ilegal de redes móviles dentro de centros penitenciarios, lo cual busca contribuir a la disminución de delitos como extorsión, sicariato, secuestro y fraude.
