El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que los reos de alta peligrosidad serán trasladados progresivamente a penales específicos con estrictas medidas de seguridad, como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La medida contempla restricciones en las visitas y la eliminación de medios tecnológicos que permitan la comunicación ilegal desde prisión. Según precisó, el objetivo es evitar que internos vinculados a delitos graves continúen operando desde los establecimientos penitenciarios.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: traslado y restricciones en penales
Álvarez Miranda detalló que el traslado de internos de alta peligrosidad se realizará a nivel nacional y de forma paulatina hacia tres o cuatro penales previamente definidos. Estos establecimientos estarán ubicados en zonas alejadas y contarán con mecanismos tecnológicos destinados a impedir cualquier tipo de comunicación no autorizada.
“Paulatinamente van a ser reubicados todos los de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos. Los reos primarios van a tener sus penales con las garantías de seguridad, pero sin tener ningún contacto con los reos de la alta peligrosidad”, aseveró a la agencia Andina.
Asimismo, indicó que los internos considerados de alta peligrosidad solo podrán recibir visitas una vez al mes y únicamente de familiares directos. Precisó que las visitas constituyen beneficios penitenciarios y pueden ser limitadas de manera proporcional y racional.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros informó además que el penal de Lurigancho será destinado principalmente a reos primarios que no hayan cometido delitos especialmente graves.
En el marco de la delegación de facultades, el Ejecutivo promulgó normas vinculadas a la seguridad ciudadana, entre ellas la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
Requisas en el penal Barbadillo y control de objetos no autorizados
En relación con el penal Barbadillo, donde se encuentran recluidos expresidentes, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que las requisas forman parte de un procedimiento permanente en todos los establecimientos penitenciarios.
“Se realiza en forma permanente porque, debido a la existencia de malos funcionarios, siempre va haber el peligro de que ingresen drogas, armas o aparatos que no son los autorizados dentro de la reglamentación de los penales, atendiendo al nivel de seguridad de cada uno de ellos”, puntualizó.
Indicó que Barbadillo no constituye una excepción y que cuenta con un reglamento propio que regula el uso de medios tecnológicos, los cuales deben estar autorizados y orientados a la resocialización de los internos.
Álvarez Miranda precisó que, si durante las requisas se detectaron objetos electrónicos no autorizados, estos serán decomisados. Asimismo, confirmó el inicio de investigaciones tras detectarse cámaras de seguridad desactivadas en dicho penal.
Frente a los cuestionamientos de abogados de internos, sostuvo que “no cabe la protesta” dado que la requisa, inspección y supervisión permanente son responsabilidades del Estado vinculadas también a la seguridad de los propios reclusos.
“Lo que se quiere también es preservar la integridad de cada uno de los internos, sean importantes o sean socialmente no importantes”, señaló.
