La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, ha generado debate al proponer una modificación en el sistema de gratuidad de la educación superior estatal. Durante una reciente intervención, sugirió que los estudiantes provenientes de colegios privados paguen una pensión universitaria, argumentando que esto permitiría mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes.
Una propuesta polémica: gratuidad para quienes realmente lo necesitan
“¿Cómo es que viniendo alumnos de colegios privados puedan tener una educación gratuita en el Estado? Pero eso es lo que se da y eso es lo que muchas veces los alumnos reclaman: gratuidad. Pero me parece injusto”, manifestó Jeri Ramón.
La rectora enfatizó que la gratuidad debería estar dirigida únicamente a aquellos estudiantes que provienen de contextos vulnerables. Según su visión, cobrar pensión a los alumnos de colegios privados podría generar recursos adicionales que permitirían contratar mejores docentes y ofrecer remuneraciones más competitivas.
“La gratuidad debe ser para aquellos que no tienen y, para tener una mejor calidad de docentes y pagarles mejor también, deberíamos cobrar a todos los alumnos que vienen de los colegios privados”, añadió Ramón.
Datos sobre el origen de los postulantes a San Marcos
Según información de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, un análisis del perfil de los postulantes al examen de admisión revela un dato significativo: el 55,5 % de los aspirantes provienen de colegios privados. Por otro lado, el 46,3 % son egresados de instituciones estatales, mientras que solo el 0,9 % no especifica su procedencia.
Este desglose refuerza la preocupación planteada por la rectora, quien considera que la gratuidad está siendo aprovechada por sectores que no necesariamente enfrentan dificultades económicas.
Un llamado a repensar la política de gratuidad
La propuesta de Jeri Ramón busca abrir un diálogo nacional sobre la equidad en el acceso a la educación superior. Aunque reconoce que la gratuidad es un derecho fundamental para quienes no cuentan con recursos, también plantea que mantener este beneficio para todos genera limitaciones financieras que afectan la calidad de la enseñanza.
