La medida se dictó en el marco del proceso que afronta por presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
El Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente, quien viene siendo procesada por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, lavado de activos y colusión en agravio del Estado.
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La decisión la tomó el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato.
Fiscalía apelará la decisión
Pese a que el requerimiento fiscal solicitaba prisión preventiva, el magistrado optó por imponer el impedimento de salida del país mientras continúan las investigaciones. En respuesta, el fiscal Pérez anunció que apelará esta resolución al considerar que no se condice con la gravedad de los hechos imputados ni con los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.
“Estamos evaluando que hay un riesgo procesal latente que justifica una medida más severa, como la prisión preventiva, dada la complejidad del caso y el tiempo transcurrido sin una sentencia”, señaló Pérez tras la audiencia.
Antecedentes del caso
Villarán es investigada por presuntamente haber recibido más de 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de 2013 y su posterior reelección en 2014. La exalcaldesa habría liderado una red criminal que operó desde la Municipalidad de Lima. Con ello, buscaba favorecer a las empresas en la concesión de megaproyectos como Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac).
En 2020, Villarán cumplió 20 meses de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Posteriormente, se le concedió detención domiciliaria por razones de salud en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Medidas vigentes
Con esta decisión, Susana Villarán deberá permanecer en territorio nacional durante los próximos tres años. Además, no podrá comunicarse con otros investigados ni testigos del caso, y deberá asistir a todas las citaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público.
