El Poder Judicial ha ordenado este 2 de octubre la prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Chibolín’. Esta medida se da en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, junto con restricciones para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, involucrados en el mismo caso.
Detalles del caso y la investigación
El pasado 26 de septiembre, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó la prisión preventiva de los tres investigados. La acusación se centra en la supuesta comisión de delitos contra el Estado, específicamente por tráfico de influencias y otros actos ilícitos. La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes que justifican esta medida para asegurar la eficacia del proceso judicial.
Se ordena levantar el secreto bancario
Además de la prisión preventiva, el Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de Andrés Hurtado y la exsuperintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila. Esta medida está relacionada con la investigación sobre el trámite realizado por el futbolista Roberto Siucho en 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana con el fin de jugar en China.
El levantamiento del secreto bancario permitirá verificar si hubo transacciones sospechosas que impliquen algún beneficio durante o después de los trámites realizados, lo que podría reforzar las acusaciones en contra de los involucrados.
El origen de la investigación
El caso salió a la luz cuando Ana Siucho, hermana de Roberto Siucho, reveló en una entrevista para el programa Beto a Saber que su hermano le habría regalado un BMW a Andrés Hurtado, valorado en más de 33 mil dólares, como agradecimiento por ayudarlo a obtener la nacionalidad china. Según Ana, Hurtado habría contado con el apoyo de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, para agilizar el proceso en 2020.
Asimismo, se denunció que Hurtado presionaba constantemente a Roberto Siucho para exigirle grandes sumas de dinero, aparentemente para causas sociales, y que incluso llegó a pedir un millón de dólares a cambio de gestionar la devolución de 100 kilos de oro incautados por aduanas.
