La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizó el uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de su jefe, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas registradas durante las elecciones generales 2026. La medida incluye procesos iniciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, en un contexto de cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral en Perú.
ONPE financia defensa legal de su jefe
Mediante una resolución de Secretaría General, la ONPE dispuso que la entidad asuma los honorarios del abogado que representará a Piero Corvetto. El documento establece que esta decisión se adopta bajo los criterios previstos en la normativa electoral vigente.
Asimismo, se encarga a la Gerencia de Administración realizar las acciones necesarias para la contratación del servicio legal correspondiente.
“El beneficio de defensa legal comprende la etapa preliminar y hasta su culminación en la etapa preparatoria, conforme a lo solicitado por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE, en su propuesta de defensa legal”, indica la resolución institucional.
Investigaciones por fallas en elecciones generales 2026
La medida se da en el contexto de las denuncias presentadas por el Jurado Nacional de Elecciones, así como de las investigaciones en curso a cargo del Ministerio Público y del procedimiento abierto en la Junta Nacional de Justicia.
Estas acciones están relacionadas con las fallas logísticas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, que incluyeron problemas en la instalación de mesas de sufragio y la distribución de material electoral.
La ONPE informó que la resolución será publicada en un plazo máximo de tres días en la plataforma digital del Estado peruano y en su Portal de Transparencia.
Citación policial y reprogramación de diligencia
En paralelo, el jefe de la ONPE fue citado a la sede de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú para brindar sus descargos sobre las irregularidades detectadas.
Sin embargo, no asistió a la diligencia programada y solicitó su reprogramación bajo la modalidad virtual, argumentando motivos relacionados con su salud e integridad personal.
