El expresidente Pedro Castillo continuará recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo en el distrito limeño de Ate, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificara la medida de prisión preventiva que se le impuso por su intento de golpe de estado el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo, quien había solicitado la revocación o anulación de la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 17 de octubre de 2024. En dicha resolución, se había rechazado la petición de Castillo para revisar la medida restrictiva que lo mantiene en prisión y permitirle afrontar el proceso penal bajo mandato de comparecencia con restricciones.
Defensa de Castillo y argumentos sobre la revisión de la medida
La defensa legal de Pedro Castillo argumentó que no se valoraron nuevos medios de investigación, como las declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de los videos de su detención. Además, se cuestionó el inicio de la investigación por parte de la fiscal de la Nación y se mencionó la presunta vulneración de la inmunidad presidencial. También se alegó que el riesgo de fuga había disminuido, ya que Castillo había ofrecido una garantía de residencia en Lima en caso de ser liberado.
Resolución ratificada por la Corte Suprema
Sin embargo, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín confirmó la decisión tomada por Checkley. En su resolución, la Sala Penal Permanente destacó el riesgo latente de fuga de Pedro Castillo, quien intentó dirigirse a la Embajada de México en el Perú tras el fallido golpe de estado. Además, se mencionó que Castillo fue detenido en flagrancia cuando salió del Palacio de Gobierno y se encontraba en un vehículo oficial con su familia y su asesor, Aníbal Torres Vásquez, con el propósito de solicitar asilo político en la embajada.
La Corte también ratificó que no existían nuevos elementos jurídicos sólidos que justifiquen la revocación de la medida de prisión preventiva, y destacó que el Tribunal Constitucional ya había evaluado y zanjado el tema de la inmunidad presidencial.
Pena solicitada por la Fiscalía
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 34 años de prisión para Pedro Castillo, además de 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusándolo de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
La decisión de la Corte Suprema reafirma la prisión preventiva de Castillo, quien permanecerá en el establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones por los graves cargos en su contra.
