El Ministerio de Defensa informó que el despliegue sostenido del Comando Unificado —conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú— ha modificado el panorama de seguridad en Pataz, región La Libertad. En los últimos tres meses, las operaciones articuladas han causado más de S/ 190 millones en pérdidas a grupos vinculados a la minería ilegal.
La presidenta Dina Boluarte señaló que se han realizado más de 1,140 patrullajes en esta jurisdicción. Las acciones se centraron en el control territorial, la interdicción y la intervención directa contra economías ilícitas.
Desde el 8 de mayo se ejecutaron 23 operativos integrados, apoyados por diversas entidades del Estado. Como parte del control vehicular, se instalaron puestos estratégicos en Calquiche, Shicun y Pamparacra, lo que permitió debilitar las rutas logísticas de estas organizaciones.
Durante estas intervenciones, las fuerzas del orden ingresaron a socavones y destruyeron bocaminas. También incautaron maquinaria pesada, armas de fuego, municiones, insumos químicos, explosivos, combustible y otros elementos empleados por las mafias.
Estado intensifica presencia con ofensiva multisectorial en La Libertad
Las operaciones denominadas Relámpago I y Relámpago II figuran entre las más recientes. En conjunto, causaron pérdidas superiores a S/ 1.3 millones en equipos y materiales empleados por la minería ilegal. Solo en Relámpago I se destruyeron bienes valorados en S/ 803,560, mientras que en Relámpago II la pérdida ascendió a S/ 527,450.
En estos operativos participaron unidades de élite de la Fuerza Especial Conjunta, integrada por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Además, se desplegaron efectivos especializados de la Policía Nacional, incluyendo la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), así como rondas campesinas organizadas.
Estas acciones contaron con el respaldo institucional de entidades clave como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Público, Sunat, Sutran, Migraciones y Sucamec.
Mediante esta ofensiva conjunta, el Estado reafirma su autoridad en zonas históricamente tomadas por economías ilegales, devolviendo gradualmente la seguridad a las comunidades afectadas por estas actividades.
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