En una serie de eventos que sacudieron al Ministerio Público, el cese de Jaime Villanueva como Gerente Central del Despacho de la Fiscalía de la Nación por parte de Patricia Benavides destapó una compleja red de conflictos internos. Lo que inicialmente parecía un cambio rutinario en la administración pública se transformó en el epicentro de la ‘Operación Valkiria’, parte del intrigante caso «La Fiscal y su cúpula de poder».

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En las primeras horas, la destitución de Villanueva, firmada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se justificó bajo la «necesidad de servicio». Simultáneamente, Marita Barreto Rivera fue removida de su rol como fiscal superior provisional y coordinadora del equipo especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

«Operación Valkiria»

La trama se intensificó con la «Operación Valkiria», un operativo que llevó a la detención preliminar de Jaime Villanueva. Este episodio es el desenlace de la investigación que involucra a Benavides como la presunta líder de una organización criminal, junto con Villanueva, Miguel Angel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.

«Fiscal y su cúpula de poder»

El caso, denominado «La fiscal y su cúpula de poder», es complejo y se despliega en tres ejes fundamentales, según el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En primer lugar, se alega que la presunta red criminal buscaba influir ilícitamente en las decisiones de congresistas para destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este plan se tejía a cambio de que la fiscal de la Nación archivara denuncias por corrupción en favor de los congresistas.

El segundo punto revela intentos de influir en la designación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Este movimiento buscaba asegurar que Gutiérrez presidiera una comisión especial para seleccionar nuevos miembros de la JNJ, permitiendo así que Benavides mantuviera su posición dominante en la dirección administrativa del Ministerio Público.

El tercer eje implica la presunta promoción de la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a través de un proceso constitucional en el Congreso. Se sostiene que este respaldo parlamentario sería compensado con favores en investigaciones pendientes en la Fiscalía de la Nación.

El único autorizado

Las revelaciones también incluyen chats que señalan a Jaime Villanueva como «el único autorizado por la fiscal de la Nación». En estos mensajes, se destaca la importancia estratégica de Josué Gutiérrez para la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia.

A medida que se desentraña este caso, la estabilidad del Ministerio Público se ve amenazada por conflictos internos y acusaciones de corrupción. La sociedad observa con atención mientras se revelan más detalles en esta trama en evolución.

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