El Poder Judicial anunció que el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros exfuncionarios, por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad , comenzará este 4 de marzo a las 9:00 horas . La decisión fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema , que también cita a juicio a los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres , en calidad de coautores del presunto delito de rebelión.
Los acusados y las penas solicitadas
Además de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres, el juicio incluye a los exministros Willy Huerta , Roberto Sánchez y otros tres acusados. Según informó el Poder Judicial, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 34 años de prisión para el expresidente Castillo, así como una reparación civil de S/ 65,419 en favor del Estado.
El caso está relacionado con los eventos del 7 de diciembre de 2022 , cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y reorganizar instituciones clave del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, en lo que se considera un quebrantamiento del orden constitucional.
Modalidad mixta para las audiencias
Las audiencias del juicio se llevarán a cabo de manera mixta (presencial y virtual) desde el penal Barbadillo , donde se encuentra recluido el expresidente Castillo. Esta decisión busca garantizar la participación de todos los involucrados en el proceso judicial, tanto de manera física como remota.
El inicio del juicio oral fue dispuesto en noviembre pasado, tras la evaluación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. En dicha etapa, se analizará si los acusados incurrieron en los delitos de rebelión y abuso de autoridad durante los eventos que marcaron el fin abrupto del gobierno de Castillo.
Contexto del caso
El caso gira en torno al intento de Pedro Castillo de asumir medidas excepcionales el 7 de diciembre de 2022 , cuando enfrentaba un proceso de vacancia presidencial en el Congreso. Ese día, Castillo anunció la disolución del Parlamento y la instauración de un «gobierno de emergencia», acciones que fueron ampliamente rechazadas por instituciones del Estado, líderes políticos y la comunidad internacional.
Horas después, el entonces presidente fue destituido por el Congreso y detenido tras ser acusado de rebelión y conspiración. Desde entonces, permanece recluido preventivamente mientras avanza el proceso judicial en su contra.
