Una investigación periodística puso en el centro del debate al penal de Barbadillo, donde cumplen reclusión los expresidentes Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El informe expone la presencia de equipos electrónicos y electrodomésticos en sus ambientes, además de presuntas fallas en el sistema de videovigilancia. El caso ha reactivado la discusión sobre las condiciones carcelarias en el Perú y el principio de igualdad dentro del sistema penitenciario.

¿Qué se encontró en las celdas de los expresidentes en el penal de Barbadillo?

De acuerdo con la investigación difundida por el diario El Comercio, las imágenes corresponden a una requisa de rutina realizada en el establecimiento penitenciario. Durante la inspección se hallaron televisores, radios de última generación, refrigeradoras personales y diversos equipos electrónicos en los ambientes donde permanecen los exmandatarios.

El reporte periodístico indica que este tipo de comodidades no son habituales para la mayoría de internos en centros penitenciarios del país. La revelación ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y las condiciones diferenciadas dentro del sistema penitenciario peruano.

Fallas en el sistema de seguridad del penal de Barbadillo

La investigación también reveló que las cámaras de seguridad del establecimiento no estaban operativas al momento de la inspección. Esta situación fue detectada durante la requisa y consignada como uno de los hallazgos principales del informe.

La inoperatividad del sistema de videovigilancia representa una vulneración de los protocolos de vigilancia y control establecidos para centros de reclusión, lo que podría comprometer la seguridad interna del penal.

Pronunciamiento del INPE tras la investigación

Luego de la publicación del reportaje, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que inició una verificación exhaustiva sobre lo encontrado en el penal de Barbadillo.

La entidad señaló que evaluará si los equipos electrónicos contaban con las autorizaciones correspondientes o si fueron ingresados de manera irregular. Asimismo, dispuso una auditoría del sistema de control interno para determinar posibles responsabilidades vinculadas a la inoperatividad de las cámaras de seguridad.

Según indicó el INPE, el objetivo es esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

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