El Gobierno del Perú anunció un giro en la política energética nacional con la reorganización estructural de Petroperú, medida que marca el inicio de una reforma profunda en la empresa estatal. El premier Ernesto Álvarez señaló que el Estado no puede continuar destinando recursos públicos a una compañía con alta deuda y baja rentabilidad, y adelantó que se evalúan tres alternativas para definir su futuro.
Reorganización de Petroperú: hacia un nuevo modelo energético
Durante una entrevista en el programa Panorama, el premier Ernesto Álvarez confirmó que el Ejecutivo dispuso la renovación completa del directorio de Petroperú, considerada el primer paso de una transformación estructural.
El jefe del Gabinete fue enfático al señalar que “ya no se puede seguir gastando” en un modelo de gestión ineficiente. En ese sentido, adelantó que el Gobierno analiza tres posibles rutas para la reestructuración de Petroperú:
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Transición hacia un modelo público-privado.
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Venta total de la empresa.
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División de activos para facilitar su comercialización.
Según Álvarez, el objetivo central es “recuperar la sostenibilidad y competitividad del sector energético”, garantizando la eficiencia del gasto público y evitando que la deuda de la petrolera continúe afectando el presupuesto nacional.
Política energética con enfoque en sostenibilidad y transparencia
El anuncio marca un cambio significativo en la gestión del sector energético peruano, históricamente liderado por Petroperú. La medida busca atraer inversión privada, modernizar la administración y asegurar que los proyectos de hidrocarburos se ejecuten con mayor rentabilidad y transparencia.
La reforma energética del Gobierno también contempla una revisión de los mecanismos de financiamiento y de los contratos vigentes, con el propósito de alinear la operación de Petroperú a estándares internacionales de gobernanza corporativa y eficiencia financiera.
Medidas para reforzar la seguridad ciudadana en el país
En paralelo, el premier Ernesto Álvarez anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso de la República facultades legislativas para emitir decretos que fortalezcan la lucha contra la extorsión. Explicó que se busca evitar que los procesos judiciales se dilaten sin resultados concretos y precisó que el Gobierno descarta implementar toques de queda, por considerarlos “ineficaces y costosos” para la economía y el turismo.
Respecto a la crisis penitenciaria, Álvarez reconoció que “las organizaciones criminales gobiernan las cárceles en un alto grado” y reveló la detección de antenas clandestinas dentro de los penales. Ante ello, el Ejecutivo evalúa declarar en emergencia el INPE, redistribuir a los internos de alta peligrosidad y utilizar el polígrafo como herramienta de control para combatir la corrupción entre los agentes penitenciarios.
