La Fiscalía presentó un requerimiento acusatorio contra Andrés Hurtado y solicitó que sea condenado a 30 años de prisión por presuntos delitos de corrupción. El exanimador, actualmente recluido en el penal de Lurigancho, es investigado por tráfico de influencias y cohecho en el marco de un caso relacionado con un presunto tráfico ilegal de oro. La acusación también incluye multas económicas e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Andrés Hurtado Fiscalía: cuáles son los cargos presentados
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formuló la acusación contra Hurtado, según información difundida este miércoles por Latina.
De acuerdo con el documento fiscal, el exconductor enfrenta cargos por tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicitó el pago de multas por S/ 760,415.45 y S/ 1,520,830.90. También pidió una inhabilitación de 20 años.
🔴#LOÚLTIMO Fiscalía solicita 30 años de prisión para Andrés Hurtado y 24 años para Elizabeth Peralta por presunto tráfico de influencias y cohecho.
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— Latina Noticias (@Latina_Noticias) May 20, 2026
Caso Andrés Hurtado está vinculado a presunto tráfico de oro
La investigación fiscal sostiene que Hurtado habría intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados.
Según la tesis del Ministerio Público, el exanimador habría recibido una comisión de un millón de dólares a cambio de realizar gestiones vinculadas al caso.
La investigación está relacionada con un presunto esquema de tráfico ilegal de oro que actualmente es materia de indagación por parte de las autoridades.
Elizabeth Peralta también afronta pedido de prisión
En el proceso también figura Elizabeth Peralta, quien permanece detenida en el penal de Chorrillos.
Para Peralta, la Fiscalía solicitó una condena de 24 años de cárcel por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Asimismo, el requerimiento acusatorio incluye multas económicas e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.
