El impedimento de salida del país contra Piero Corvetto fue dictado por el Poder Judicial en el marco de una investigación fiscal por presunta colusión agravada vinculada a contrataciones realizadas durante las elecciones de abril de 2026. La medida, solicitada por el Ministerio Público, también comprende a otros investigados relacionados con un presunto direccionamiento en la contratación del servicio de distribución de material electoral a nivel nacional.
Fiscalía sustenta riesgo de fuga en caso ONPE
La decisión alcanza a Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
El pedido fiscal se sustenta en el presunto riesgo de fuga. Durante un allanamiento realizado el 24 de abril en la vivienda de Corvetto, se hallaron documentos de viaje, incluido un pasaporte vigente. Según el Ministerio Público, la existencia de más de un documento podría facilitar una eventual salida del país, lo que motivó la solicitud de la medida restrictiva por 18 meses.
🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) consiguió que se dicte impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la la @ONPE_oficial. pic.twitter.com/uKrGRik9tc
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 30, 2026
Contratación de material electoral bajo investigación
La investigación se centra en el servicio de transporte de material electoral, valorizado en más de 6.3 millones de soles. De acuerdo con las diligencias, se habría producido una presunta concertación para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. durante el proceso de selección.
Uno de los aspectos observados es la evaluación técnica de los vehículos. La Fiscalía sostiene que se habrían aplicado criterios no contemplados en las bases del proceso, lo que habría influido en el resultado final de la contratación vinculada a la ONPE en las elecciones 2026.
Cambios en la defensa legal del exjefe de la ONPE
En la antesala de la audiencia, Corvetto cambió de defensa legal. El estudio Arbizu & Gamarra asumió su representación tras la renuncia de su anterior abogado.
El nuevo equipo legal indicó que su labor se enfocará en garantizar el respeto al debido proceso y en evitar que medidas como el impedimento de salida del país sean interpretadas como una sanción anticipada.
Mientras tanto, el Poder Judicial continuará evaluando los elementos presentados por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso.
