El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, luego de que se detectara el ingreso no autorizado de vehículos a zonas protegidas de esta área arqueológica, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Las diligencias fueron asumidas por la fiscalía provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica, que ya ha movilizado a peritos para constatar si hubo afectación directa a los geoglifos.
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Paralelamente, el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca investiga al alcalde provincial, William Bravo Quispe, y a dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica —Jeanette Gutiérrez Achulla y Johny Isla Cuadrado— por su presunta responsabilidad en la reducción irregular de la zona de protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. Los delitos imputados atentan contra monumentos arqueológicos, omisión de funciones y abuso de autoridad en agravio del Estado peruano.
Según la carpeta fiscal, la Resolución Viceministerial N.° 000128-2025-VMPCIC/MC recortó el área protegida de 5,633.47 km² a 3,235 km², dejando sin resguardo más de 2,397 km² donde se encuentran al menos un centenar de sitios arqueológicos de interés nacional. La reducción se habría hecho sin cumplir los requisitos técnicos ni normativos, presuntamente para favorecer intereses vinculados a actividades mineras y tráfico de terrenos en la región.
La posible afectación física de las líneas por el ingreso de vehículos ha sido vinculada por las autoridades como parte de una cadena de acciones que habrían deteriorado tanto la integridad física como la legalidad del área patrimonial. Según las primeras diligencias, los vehículos ingresaron de forma clandestina a través de rutas no autorizadas, dejando huellas visibles que ahora están siendo analizadas por expertos.
El Ministerio Público también ha señalado que, por la gravedad y complejidad del caso, se han iniciado investigaciones paralelas en Lima a través de la Fiscalía Superior Penal Gestor y la Fiscalía de Corrupción de funcionarios de Ica, que ya indaga presuntos actos de cohecho relacionados a estos hechos. Incluso el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, figura entre los funcionarios cuya actuación se encuentra bajo revisión.
La investigación se encuentra en curso y el plazo inicial es de 60 días, aunque podrá ampliarse conforme se desarrollen nuevas diligencias. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura ha exhortado a todas las entidades y ciudadanos a proteger el legado arqueológico del país, recordando que los delitos contra el patrimonio cultural están penados por la ley.
