La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante la Disposición Superior N.° 54-2025-2FSEDCFL, decidió archivar la investigación iniciada contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de negociación incompatible. Esta decisión se tomó tras determinar que no existen elementos suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.
El Ministerio Público declaró infundado el requerimiento de elevación de actuados presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en contra de la Disposición N.° 07-2025, emitida previamente por la Fiscalía Provincial. Esta disposición había establecido no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra los involucrados, entre ellos Stephen Yuri Haas Del Carpio, exalcalde de Pueblo Libre, y Nicanor Boluarte, señalado como cómplice en la contratación cuestionada.
Fundamentos de la decisión
En los fundamentos de la disposición superior, se indicó que los hechos investigados giraban en torno a la designación de Nicanor Boluarte como asesor I del Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. Según la denuncia, esta contratación habría vulnerado principios establecidos en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27444, conocida como la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Sin embargo, el despacho fiscal concluyó que la contratación de Nicanor Boluarte cumplió con todos los requisitos exigidos para el puesto. Además, destacó que el investigado superaba ampliamente la experiencia mínima requerida para el cargo. “Su contratación se basó en criterios objetivos de idoneidad, y no en factores externos o irregulares, por lo cual no puede sostenerse la existencia de un interés indebido en su designación”, señala la resolución.
Reacciones y contexto del caso
El caso había generado atención pública debido al vínculo familiar de Nicanor Boluarte con la presidenta Dina Boluarte, lo que llevó a cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no existían indicios de irregularidades en el proceso de contratación.
La investigación también incluyó a otros funcionarios municipales como Karl Paul Mandros Poblet y Alberto Rubén Cordero Núñez, quienes fueron señalados como autores directos de los presuntos delitos contra la administración pública. No obstante, al igual que en el caso de Nicanor Boluarte, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes para continuar con el proceso.
