La minería ilegal en el Perú aumentó considerablemente en los últimos años, y Piura no fue la excepción. Así lo explicó la economista Paola Herrera, del Instituto Peruano de Economía (IPE).
La especialista indicó que la falta de datos precisos y la ubicación de zonas mineras cerca de la frontera con Ecuador dificultaron el control de esta actividad ilícita en la región Piura. Ambos hechos han permitido la expansión de la minería ilegal sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
“Según datos recientes, la exportación de oro ilegal creció un 20% entre 2023 y 2024, pasando de 77 a más de 90 toneladas enviadas al extranjero. Este aumento estuvo impulsado, en parte, por el alto precio del oro en el mercado internacional, lo que incentivó la extracción clandestina”, dijo Herrera.
En Piura, la falta de monitoreo adecuado complicó la medición del impacto real de esta actividad. La economista destacó que la provincia de Ayabaca ha sido identificada como una de las zonas con mayor presencia de minería ilegal. Su cercanía con Ecuador permitió que el movimiento de insumos y minerales entre ambos países ocurriera sin una supervisión efectiva.
La inscripción de mineros en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) también generó controversia, pues en muchos casos fue utilizada como una fachada para actividades ilegales.
Minería ilegal en Piura: ¿qué hacer para combatirla?
Para combatir esta problemática, Herrera detalló que se requiere un mejor uso de la tecnología, como imágenes satelitales. Además, resaltó que es necesario reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas afectadas.
También recomendó eliminar el Reinfo y establecer un nuevo proceso de formalización, con el objetivo de diferenciar entre mineros informales que buscan legalizarse y aquellos que operan al margen de la ley.
“Otro factor que debilitó la lucha contra la minería ilegal fue la reducción del presupuesto destinado a su control. En 2019, el Estado destinó aproximadamente 120 millones de soles para enfrentar esta actividad, pero en 2024 la cifra cayó a menos de 80 millones. Esta cifra actual representa apenas el 0.5% del presupuesto total para orden público y seguridad”, acotó la economista.
