Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, inició este martes el cumplimiento de una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta, en el marco de la conocida “causa Vialidad”. La sentencia, que también incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2025.
El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, notificó a Fernández de Kirchner a través de una videollamada que podrá cumplir la pena bajo arresto domiciliario en su residencia del barrio Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Como parte de la medida, la exmandataria deberá portar una tobillera electrónica.
Caso Vialidad: adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz
La causa por la que fue condenada Fernández de Kirchner se relaciona con presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. De acuerdo con la sentencia, cerca del 80 % de las obras viales de la región fueron asignadas a la empresa Austral Construcciones, vinculada a Lázaro Báez, empresario acusado de ser testaferro de la familia Kirchner.
El fallo judicial sostiene que muchas de esas obras no fueron terminadas, mientras que otras presentaron sobrecostos significativos. El perjuicio económico para el Estado argentino habría superado los 500 millones de dólares. Además de Fernández de Kirchner, otros siete exfuncionarios y el propio Báez también fueron condenados y comenzaron a cumplir sus penas.
Reacción política y denuncias de persecución
Tras la ratificación de la condena, la exmandataria presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya y anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fernández de Kirchner alega ser víctima de una estrategia de persecución judicial, mediática y política, conocida como «lawfare», que atribuye a sectores del poder económico y mediático del país.
La movilización bajo el lema «Argentina con Cristina» fue convocada por el Partido Justicialista, que calificó su condena como una proscripción política. Pese a que la exmandataria había manifestado su intención de presentarse a las elecciones legislativas de este año, la inhabilitación dictada por la justicia le impide postularse a cualquier cargo.
Líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, han expresado su respaldo a Fernández de Kirchner, denunciando también haber sido víctimas de procesos similares.
