El Estado peruano ha cobrado S/ 380 millones por concepto de reparaciones civiles derivadas de los casos Lava Jato, según informó el procurador público ad hoc encargado, Carlos Fernández Muñoz. El monto corresponde a 33 sentencias firmes emitidas por el Poder Judicial, que establecieron más de S/ 1,542 millones en indemnizaciones por daños ocasionados al Estado. La Procuraduría también mantiene medidas de aseguramiento patrimonial y proyecta nuevos ingresos provenientes de sentencias y cronogramas de pago vigentes.
Procuraduría cobra S/ 380 millones por casos Lava Jato
De acuerdo con las cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, los S/ 380 millones recaudados ya ingresaron a las cuentas del Estado y corresponden a 33 sentencias condenatorias firmes.
Las resoluciones judiciales establecieron más de S/ 1,542 millones en indemnizaciones por daños al Estado. Los procesos involucran a seis empresas y 56 personas naturales y están relacionados con diversas obras públicas.
Entre los proyectos comprendidos figuran Costa Verde Callao, la Línea 1 del Metro de Lima, los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur, la Vía de Evitamiento del Cusco, el Gasoducto Sur Peruano, las Redes Viales del Cusco y la Línea Amarilla, entre otros.
“Dichas sentencias otorgan títulos de deuda al Estado e imponen mandatos judiciales. Los sentenciados en su mayoría son colaboradores eficaces y vienen cumpliendo con sus pagos, pero en caso de que dejen de hacerlo, existen garantías y fideicomisos a los cuales podemos recurrir”, señaló Fernández.
Reparaciones civiles podrían superar S/ 652 millones en 2029
La Procuraduría Ad Hoc proyecta recaudar aproximadamente S/ 76 millones adicionales durante 2026. De este monto, S/ 60 millones corresponden a pagos programados entre julio y diciembre.
De cumplirse los cronogramas establecidos, la recaudación acumulada por reparaciones civiles podría superar los S/ 652 millones al finalizar 2029.
Las proyecciones se sustentan principalmente en sentencias firmes derivadas de procesos de colaboración eficaz, que establecen cronogramas de pago, garantías y fideicomisos. Estos casos comprenden a seis empresas y 45 personas naturales.
Además, la Procuraduría cuenta con 189 casos de alta complejidad en los que se han solicitado embargos por más de S/ 3,000 millones sobre el patrimonio de los procesados. Estas medidas buscan asegurar el eventual pago de reparaciones civiles que sean establecidas judicialmente.
“Los embargos son anotaciones preventivas en registros públicos y no despojan a los procesados de sus bienes hasta que haya una sentencia firme”, sostuvo el procurador.
Procesos Lava Jato avanzan hacia juicio oral
Carlos Fernández informó que actualmente 21 procesos se encuentran en etapa de control de acusación. Estos casos podrán pasar a juicio oral una vez que se emitan las respectivas resoluciones de enjuiciamiento.
“Ahora el principal frente de nuestro trabajo se ha desplazado hacia el litigio judicial en etapa de juzgamiento. Son casos sumamente complejos, que combinan aspectos legales, financieros y de ingeniería, por lo que el conocimiento acumulado durante años de trabajo en estos procesos resulta clave para sustentar y defender adecuadamente las pretensiones civiles del Estado”, afirmó.
La Procuraduría Ad Hoc fue creada en 2017 para intervenir en los procesos relacionados con Odebrecht y otros casos vinculados con el caso Lava Jato.
Procuraduría señala saldo favorable para el Estado
Desde la creación de la Procuraduría Ad Hoc hasta junio de 2026, los gastos acumulados para su funcionamiento representan el 16% de los S/ 380 millones recaudados por concepto de reparaciones civiles.
Según la información proporcionada por el procurador, la diferencia representa un saldo favorable para el Estado de aproximadamente S/ 319 millones, monto que podría aumentar conforme se realicen los pagos establecidos.
Fernández también respondió a publicaciones que plantearon un supuesto conflicto de intereses debido a su anterior vínculo laboral con un estudio jurídico que tuvo como cliente a Odebrecht.
El procurador señaló que dejó esa firma en marzo de 2018, hace más de ocho años, y que informó sobre ese antecedente antes de ser designado como procurador adjunto.
“Los cuestionamientos no señalan una actuación concreta mía en la que yo como procurador haya favorecido a Odebrecht. Por el contrario, existen varios actos públicos y verificables que demuestran una posición jurídica mía contraria a los intereses de esta empresa cuando así lo exige la defensa del Estado”, afirmó.
Embargos y defensa del Estado en otros procesos
Finalmente, Fernández mencionó actuaciones de la Procuraduría en los casos “Aportes de Campaña PPC” y “Brookfield”, en los que el estudio jurídico señalado interviene en la defensa de procesados.
En el caso “Aportes de Campaña PPC”, indicó que la Procuraduría obtuvo medidas de embargo por S/ 2.2 millones contra el patrocinado por dicho estudio.
En el caso “Brookfield”, cuya defensa también está a cargo del mismo estudio jurídico, Fernández señaló que la Procuraduría realizó más de 50 actos de defensa en representación de los intereses del Estado.
