El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el reglamento del Decreto Legislativo N.º 1688, que regula las obligaciones y sanciones para las empresas operadoras de telecomunicaciones respecto a las comunicaciones ilegales en penales, será firmado este miércoles. La norma impedirá que los establecimientos penitenciarios y centros juveniles cuenten con señales externas de telefonía móvil.
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Durante su exposición ante la Comisión de Justicia del Congreso, Arana explicó que el nuevo reglamento establece que la responsabilidad sobre la presencia de señales electromagnéticas en los penales recaerá directamente en los operadores de telecomunicaciones, quienes deberán garantizar que no exista cobertura en dichos espacios.
Instalación de bloqueadores e implementación de tecnologías para el control penitenciario
El ministro también informó que, tras levantarse observaciones administrativas por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entrarán en funcionamiento bloqueadores de señal en 33 establecimientos penitenciarios a cargo de una empresa privada. El número de bloqueadores operativos ha aumentado de 17 a 26, y la empresa responsable se ha comprometido a mejorar su sistema para asegurar un funcionamiento eficiente.
Asimismo, destacó que los penales de Ancón I y Challapalca ya cuentan con sistemas basados en Inteligencia Artificial (IA) para labores de control, y que se ha incrementado la capacidad de albergue en penales de Abancay, Iquitos y otras regiones, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Actualmente, el sistema penitenciario nacional alberga a 102,107 internos en 68 establecimientos, lo que representa una sobrepoblación del 144 %, según cifras proporcionadas por el titular del sector.
Acciones tras fuga registrada en penal de Lurigancho
En relación con la reciente fuga de un interno del penal de Lurigancho, el ministro Arana informó que se ha identificado a los agentes penitenciarios responsables de los puntos vulnerados y se han iniciado procedimientos disciplinarios en su contra. Asimismo, se ha solicitado la renuncia del jefe del INPE y el caso ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, que ya desarrolla una investigación paralela.
