El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú ordenaron la detención preliminar de nueve funcionarios del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, tras la fuga de seis internos ocurrida la madrugada del 2 de mayo.
Los detenidos incluyen a cinco educadores y cuatro miembros del personal de seguridad, quienes permanecerán bajo custodia durante 48 horas por tratarse de un presunto caso de flagrancia delictiva. Todos ellos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri), en el distrito limeño de San Miguel.
Investigación en curso y cuestionamientos por presunta complicidad
De acuerdo con Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), los trabajadores se encontraban dentro del centro durante el incidente, lo que ha generado sospechas sobre una posible complicidad en la fuga.
«Hemos identificado más de un punto de seguridad vulnerado. No se descarta la participación activa de personal del centro en el hecho», indicó Naquira, al tiempo que expresó su rechazo a lo ocurrido.
Entre los detenidos se encuentran los agentes encargados del monitoreo de cámaras de videovigilancia, quienes junto a los educadores deberán brindar su testimonio como parte de las diligencias policiales.
Sin embargo, el abogado Juan Carlos Guerra Arévalo, representante legal de seis de los detenidos, afirmó que la detención fue arbitraria, argumentando que hasta el momento no existen pruebas que vinculen directamente a sus defendidos con la fuga. «El hecho de cumplir funciones en el lugar no implica responsabilidad penal», señaló.
Reorganización del Pronacej y apertura de investigación interna
Como medida adicional, el Programa Nacional de Centros Juveniles anunció una reorganización institucional con el fin de reforzar los mecanismos de seguridad y el proceso de reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley.
A través de un comunicado oficial, Pronacej calificó el escape como un hecho «sin precedentes» e informó que se ha iniciado una investigación interna para determinar si existió negligencia o colaboración directa de los funcionarios involucrados.
“El programa mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier acción que afecte la resocialización de los adolescentes”, subrayó la entidad, que también anunció el inicio de procedimientos disciplinarios de acuerdo con la normativa vigente.
