La congresista y candidata al Senado, Milagros Jáuregui de Aguayo, enfrenta una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por inducir a niñas víctimas de violación a gestar en su centro de acogida La Casa del Padre. Según la denuncia, las menores, de entre 10 y 13 años, fueron privadas de acceso al aborto terapéutico, un derecho legal en Perú, lo que habría generado graves consecuencias psicológicas. El caso reabre el debate sobre la protección de la infancia y los derechos de las víctimas de violencia sexual.
Omisión del aborto terapéutico en niñas víctimas de violencia sexual
La denuncia presentada por la activista Gahela Cari Contreras imputa a Jáuregui por presunto delito de lesiones graves bajo la modalidad de comisión por omisión. El documento legal sostiene que la congresista, al tener a las menores bajo su cuidado, debía garantizar su integridad física y mental. Sin embargo, se le acusa de bloquear sistemáticamente el acceso al aborto terapéutico, a pesar de que las gestaciones fueron producto de violación.
Según los fundamentos legales, el refugio operaba bajo una práctica sostenida de maternidad forzada, negando evaluaciones médicas o psicológicas independientes. Esta situación configura una revictimización institucional, ya que el trauma inicial de la violencia sexual se ve agravado por la imposición de maternidad a niñas muy jóvenes.
Investigación y medidas urgentes ante presunta maternidad forzada
El Ministerio Público recibió la solicitud de apertura inmediata de una investigación preliminar que incluya inspecciones técnicas a La Casa del Padre y la preservación de evidencias digitales, como la página de Facebook del centro. Asimismo, se solicita la realización de evaluaciones psicológicas periciales a las niñas, bajo estricta confidencialidad, y la inclusión de todo el personal directivo y profesional que pudiera haber participado en la omisión de auxilio médico.
La denuncia busca garantizar la protección especial que requieren las infancias según estándares internacionales, enfatizando la necesidad de respeto al derecho de las menores a decidir sobre su propio cuerpo y la obligación del Estado de protegerlas ante situaciones de violencia sexual.
Reacciones políticas y medidas del Ejecutivo
El caso generó división dentro de Renovación Popular, partido al que pertenece Jáuregui, que decidió tomar distancia de sus declaraciones. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino el albergue para evaluar la situación real de las menores y asegurar su bienestar.
Este episodio vuelve a poner en el debate público la vulnerabilidad de las niñas víctimas de violencia sexual en Perú y cuestiona el papel de ciertas instituciones de acogida al imponer convicciones personales por encima de la ley y del interés superior del niño.
