El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una advertencia crucial para los padres de familia y tutores en relación con los pagos que los colegios privados pueden exigir para el año escolar 2024. Es vital conocer los límites y derechos en este aspecto para evitar posibles abusos.
Pagos que los colegios privados pueden exigir
Según indicó Andrea González, vocera del Indecopi, solo tres tipos de pagos están permitidos: la cuota de ingreso, el pago anual de la matrícula y las pensiones escolares. Ninguna otra tarifa está justificada, y los padres no deben ser presionados para realizar pagos adicionales.
Requisitos de transparencia y comunicación
Los colegios privados están obligados a informar cualquier aumento en los cobros con al menos 30 días de anticipación al proceso de matrícula. Si no se cumple con este requisito, los padres tienen derecho a presentar reclamos ante las autoridades pertinentes.
Restricciones sobre la lista de útiles escolares
Es importante destacar que la lista de útiles escolares debe limitarse a elementos directamente relacionados con el desarrollo académico del alumno. Cualquier solicitud de artículos no pertinentes, como productos de limpieza, es injustificada y puede ser motivo de reclamo.
Consecuencias de infracciones
Los colegios privados que infrinjan estas regulaciones pueden enfrentar sanciones significativas, que incluyen multas de más de 200 UIT. Esto se aplica especialmente a cobros no autorizados o desviación de fondos destinados a la compra de útiles escolares.
Política de reembolso
En caso de retirar al alumno de la institución educativa, la cuota de ingreso debe ser reembolsada de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante. Esta política está respaldada por la Ley de los Centros Educativos Privados, Ley N° 26549, y su reglamento correspondiente.
Es fundamental que los padres estén informados y conscientes de sus derechos en materia de cobros escolares. Indecopi se mantiene vigilante para garantizar que las prácticas de los colegios privados sean transparentes y justas para todas las partes involucradas.
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