La Contraloría General de la República publicó un informe de control que identifica presunta responsabilidad penal y administrativa en funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Según el documento, las fallas en la contratación y distribución del material electoral afectaron el derecho al sufragio de 55.261 electores de Lima Metropolitana. Entre los involucrados figura el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.
Contraloría cuestiona contratación de transporte electoral de la ONPE
El Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE señala que funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia para contratar el transporte de material electoral sin precisar el número de vehículos necesarios para el servicio.
La Contraloría indicó que esta situación permitió irregularidades durante el proceso de selección de proveedores.
Según el informe, los evaluadores asignaron un puntaje menor a uno de los postores al aplicar criterios no contemplados en los términos de referencia, lo que terminó favoreciendo a otra empresa.
La entidad sostuvo que la buena pro fue adjudicada por S/ 6 368 332.75 a una propuesta económica superior en S/ 168 148.19 respecto de otra oferta.
ONPE habría consignado información inexacta en evaluación de postores
El informe también señala que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis vehículos presentados por el postor ganador.
Debido a ello, la empresa obtuvo un puntaje mayor al que correspondía, pese a que su propuesta superaba en S/ 469 404.09 a la oferta que, según Contraloría, debió resultar adjudicada.
La entidad agregó que el proveedor brindó el servicio principalmente con vehículos de terceros.
De acuerdo con el documento, 437 unidades utilizadas correspondían a terceros y solo 40 eran vehículos propios.
Irregularidades afectaron instalación de mesas de sufragio en Lima
La Contraloría también observó el accionar del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE por no establecer la cantidad real de vehículos requeridos para el transporte hacia locales de votación de Lima y Callao.
Otro punto cuestionado fue la reprogramación de rutas realizada el 11 de abril, un día antes de las elecciones.
Según el informe, funcionarios reorganizaron 43 rutas correspondientes a 553 locales de votación y 8.261 mesas de sufragio, pese a que los tiempos establecidos no garantizaban una entrega oportuna.
“Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3.605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana”, indicó la Contraloría.
La entidad precisó que esta situación afectó el derecho al voto de 55.261 electores.
Contraloría cuestiona pagos adicionales por más de S/ 650 mil
El informe además identifica presuntas irregularidades en la aprobación de prestaciones adicionales vinculadas al contrato de transporte electoral.
Entre el 7 y 9 de abril, funcionarios de la ONPE tramitaron y aprobaron pagos adicionales por S/ 650 205.94 sin sustento técnico ni legal suficiente, según Contraloría.
Dentro de estos cambios se incluyó un incremento del costo de traslado de equipos informáticos.
El precio pasó de S/ 0.60 por kilo a S/ 6.00 por kilo para el repliegue de equipos desde locales de votación hacia Lurín, lo que representó un incremento de 900 % respecto al contrato inicial.
Contraloría recomienda acciones penales y administrativas
La Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar acciones para determinar responsabilidades administrativas entre los funcionarios y servidores involucrados.
Asimismo, planteó que la Procuraduría impulse las acciones penales correspondientes.
El informe también recomienda comunicar los hallazgos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que evalúe las medidas que correspondan.
